El diputado del Partido Colorado Derlis Maidana afirmó que existe una tendencia dentro de la Comisión de Asuntos Constitucionales que encabeza de rechazar el proyecto de ley que reglamenta el Artículo 201 de la Constitución Nacional referente al procedimiento de la pérdida de investidura.
El documento aún no cuenta con un dictamen del organismo asesor, cuya postura es considerada durante el tratamiento del proyecto en el plenario. Maidana afirmó que el texto, proveniente del Senado, que tiene sanción ficta el 9 de abril, establece un proceso burocrático extenso para la pérdida de investidura. Este abarca, entre otros puntos, la convocatoria a varias sesiones de ambas cámaras y la necesidad de votos de un tercio de cada estamento legislativo.
“Quieren equiparar la pérdida de investidura con un juicio civil o penal ordinario, nosotros no somos juzgadores, no podemos perder demasiado tiempo en esto porque el Parlamento tiene otras ocupaciones”, sostuvo.
“Se debe esperar el resultado de la Justicia”
Al ser consultado sobre su postura personal, el diputado dijo que, al no estar expresamente establecido en la Carta Magna, se debe usar la mayoría simple. Sin embargo, varias de las propuestas presentadas respecto al tema tienen un manto de populismo.
“Creo que cuando un colega es sometido a la Justicia se debe esperar el resultado de la Justicia”, manifestó el colorado, a la par de recordar la importancia de respetar el debido proceso y que además los parlamentarios son electos por voluntad popular.
“Es la ciudadanía la que le da legitimidad al cargo, yo no estoy acá porque soy amigo de otro legislador, sino porque la gente de mi departamento confía en mí y me eligió”, dijo el legislador.
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Tras salvataje a Rodolfo Friedmann
El documento fue impulsado el pasado año por sectores de la Cámara Alta que estuvieron a favor del salvataje del cuestionado exministro de Agricultura y calificado como senador “mau”, el colorado Rodolfo Friedmann, quien se encuentra actualmente imputado por los supuestos hechos de administración en provecho propio, lavado de dinero, asociación criminal y cohecho pasivo tras las denuncias en torno a su gestión como gobernador del departamento de Guairá. Sus colegas sostuvieron en ese entonces que es necesario que se reglamente el Artículo 201 para evaluar la pérdida de investidura de un legislador.