Denuncian la condición insalubre del proceso de faenamiento de carne para consumo humano por parte de la matadería municipal, supuestamente refaccionada por el intendente José Carlos Acevedo. Foto: Archivo.
Denuncian mala gestión de intendente en la matadería municipal de PJC
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El concejal de Pedro Juan Caballero Ivo Lezcano confirmó la presentación de una denuncia ante el fiscal general adjunto del Ministerio Público de Amambay, César Augusto González Velázquez, en contra del intendente José Carlos Acevedo. El edil colorado indicó que la denuncia presentada va acompañada de los antecedentes para que sea investigada la existencia de hechos punibles en la matadería municipal encargada de vender carne para consumo humano.
Entre las denuncias presentadas por la Junta Municipal, resueltas en la sesión del lunes 13 de julio, se mencionan varias irregularidades en materia de salubridad y medio ambiente. Primeramente, presentaron materiales audiovisuales donde se constata que no hubo refacciones en la matadería municipal. Existe un contrato vigente firmado por el intendente José Carlos Acevedo para la realización de las obras, informó el concejal.
Como antecedentes de la denuncia adjuntan una copia de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, en la que figura el estado de las licitaciones nacionales y se especifica qué se tiene ejecutado de obra adjudicada. Además de la copia de las mejoras a ser introducidas y costo unitario por ítems, firmados por el contratista, el ingeniero Luis Alberto González Sánchez.
La denuncia se realiza tras la constatación de que los residuos de la matadería municipal son arrojados al arroyo denominado Marco Choro, contaminando así directamente el cauce hídrico, ya que los residuos no reciben tratamiento.
La nota enviada al fiscal indica que son varias las contravenciones a las leyes de salud y medio ambientales, especialmente las que tengan que ver con la condición insalubre del proceso de faenamiento. El concejal instó a la Justicia a que sea diligente y actúe sobre los cuestionamientos hacia el intendente José Carlos Acevedo.
Tía Chela, la gran estafa de la administración Prieto
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El Ministerio Público llegó a la conclusión de que Miguel Prieto se aprovechó de su cargo de ordenador de gastos para hacer uso y abuso de los recursos.
La intervención en proceso en la Municipalidad de Ciudad del Este está revelando cada vez con más claridad cómo funcionaba el esquema que organizó el intendente Miguel Prieto para concretar su maquiavélica gran estafa, con el objetivo de embolsillarse millonarias sumas pertenecientes a las arcas públicas. Le contamos cómo era el proceso para la tragada sistemática de dinero de los contribuyentes.
Mientras continúa la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, a cargo del economista Ramón Ramírez, va saltando al tapete cada vez con más claridad cómo operaba Miguel Prieto para llevar a cabo la maquiavélica estafa, que prácticamente vació las arcas de la municipalidad esteña. Prieto y sus cómplices creían tener el esquema muy bien planeado, pero se les escaparon algunos detalles importantes que finalmente sirvieron a la Fiscalía de Delitos Económicos como elementos para señalarlos por las figuras penales de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.
El 25 de marzo del año 2020, en plena pandemia, el intendente “opositor” Miguel Prieto anunciaba con bombos y platillos en sus redes sociales que estaba distribuyendo víveres a las comunidades carenciadas. Según explicó a la Contraloría General de la República, estos víveres los adquirió a través de una contratación “de urgencia” a la firma Tía Chela SRL. El inconveniente es que, según los papeles, este contrato con la empresa de víveres se concretó recién el 27 de marzo, y Miguel Prieto ya estaba publicando los videos jactándose de la entrega el 25 de marzo, es decir, dos días antes.
Curiosamente, el 27 de marzo de 2020, mismo día que la municipalidad firmaba contrato con Tía Chela SRL, se producía la primera entrega de 15.000 kits de los 25.000 que debían proveerse, y se elaboraba la factura de crédito. Es decir, la licitación se encontraba apenas en proceso, pero dos días antes, Miguel Prieto ya estaba haciendo pública la entrega de alimentos, exhibiendo incluso canastas en sus videos. El Ministerio Público llegó a la conclusión de que Miguel Prieto se aprovechó de su cargo de ordenador de gastos para hacer uso y abuso de los recursos, comprando kits de alimentos que en realidad no fueron proveídos por Tía Chela SRL.
Contrato adjudicado por vía de la excepción al pequeño autoservice Tía Chela.
“RECORDATORIO” DE COMISIÓN EN ANVERSO DE CHEQUE
A la “escenografía” que montó Prieto se suma otro hecho curioso. En el anverso del cheque que cobró el propietario de Tía Chela, Fermín Ávalos, estaba escrita a mano la frase “para comisión de Francisco Arrúa”. Arrúa es nada menos que el director administrativo de la Municipalidad de Ciudad del Este. Es decir, antes de concretarse la entrega de los víveres, ya estaba planificada la repartija de tajadas a los involucrados en la licitación que favoreció a Tía Chela.
Un dato no menor es que, al momento de convocar a los oferentes, se invitó a Tía Chela SRL de Fermín Ávalos a Danielito SRL de Felipe Ávalos (padre de Fermín) y a Yrupē, de Sady Lorena Martínez, quien ya contaba con millonario contrato de alimentos.
Esta convocatoria a miembros de una familia y cercanos hace sospechar a la Fiscalía de que el proceso de licitación fue solamente un maquillaje para direccionar la adjudicación hacia Tía Chela SRL.
ALGUNOS “BENEFICIARIOS” NI SIQUIERA ESTÁN EN EL PAÍS
El Departamento de Crimen Organizado realizó verificaciones aleatorias de datos de los supuestos beneficiarios de los kits de alimentos que figuran en las planillas, y resultó que varios de ellos residen o en el extranjero o en otros departamentos del país alejados de Ciudad del Este.
Por si fuera poco, en las planillas, datos que debieron ser consignadas por los beneficiarios, se observa claramente que la caligrafía pertenece a una misma persona, que llenó todo el documento para simular la entrega de los kits.
Acusan al exdiputado Ozorio por supuesto abuso sexual a una niña
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La familia de una menor acusó al exdiputado Juan Carlos Ozorio por supuesto abuso sexual. El hecho habría ocurrido en una quinta en Ypacaraí, perteneciente al exparlamentario, el 25 de agosto del 2020 y la denuncia se radicó en abril del 2021, según el abogado querellante, Renato Ortiz.
“Pasaron muchas cosas, realmente, como todos sabemos este señor es una persona con bastante poder político y económico, y también peligroso, implicado en causas un poco oscura. Y hubo mucho temor de por medio de la familia”, relató a la 1020 AM.
El representante legal de la víctima recordó que el 27 de junio de este año presentó la acusación en contra de Ozorio por el hecho punible tipificado en el artículo 135 A del Código Penal Paraguayo que habla sobre el abuso sexual en niños.
“La víctima en ese momento en que ocurrieron los hechos tenía nada más 9 añitos, era totalmente una persona inocente. El hecho ocurrió en la quinta de Ozorio ubicada en la ciudad de Ypacaraí, cuando la mamá de la víctima fue a prestar algunos trabajos domésticos”, mencionó.
Según manifestó, mientras la madre trabajaba la hija quedaba dentro de una habitación del establecimiento. “Un rato después el señor Ozorio ingresa a la habitación donde estaba la nena y fue el momento donde ocurrió el abuso”, mencionó.
El abogado dijo en todo momento que por parte de la familia había mucho temor en accionar contra el presunto abusador. “Pero lo importante es que acusamos nosotros tanto la Fiscalía también y ya solicitamos que esto se eleve a juicio oral y público”, acotó.
Asunción: vecinos de barrios céntricos se manifestaron exigiendo seguridad
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Ante una ola de robos de los cuales son víctimas, los vecinos de los barrios Jara y Las Mercedes de Asunción se manifestaron exigiendo una respuesta por parte de las autoridades respecto a los robos de los cuales son víctimas y que han denunciado en reiteradas ocasiones.
Uno de los vecinos destacó que no se trata de hechos aislados, sino que son víctimas de robos y asaltos todos los días. El mismo precisó que se trata de personas que ya son conocidas de la zona y que serían adictos que realizan estos actos, probablemente para vender los objetos robados y comprar droga.
Entre los hechos denunciados se encuentra el robo de luminarias de casas y negocios, mobiliarios, apliques de todo tipo, tanto de luminarias como de portones, accesorios de vehículos estacionados y hasta asaltos a plena luz del día a vecinas que son despojadas de sus carteras y aparatos celulares.
“Esto es cosa de todos los días, tengo videos donde se puede ver que roban de todo, las casas amanecen peladas, y eso pasa todo el tiempo, roban hasta sillones que quedan afuera. A mí la misma persona me ha robado más de una vez, y me cruzo con él todo el tiempo; ya les conocemos a todos, falta que un día me siente a hablar con ellos”, comentó Horacio Estigarribia, uno de los pobladores de la zona, en conversación con Canal Trece.
En la misma tesitura, señaló que es preocupante la inacción policial y el nulo temor de estas personas, ya que en la zona se encuentran dos comisarías y, a pesar de ello, los hechos delictivos no frenan, afectando no solo a los vecinos, sino a las personas que frecuentan la zona y que trabajan en el lugar.
Estigarribia remarcó que es necesario y urgente que se active algún tipo de plan de acción para contrarrestar esta situación y poder garantizar la seguridad de las personas de ambos barrios, quienes ya viven con miedo.
Destacan apoyo de la Dinac a operativo desplegado en el Silvio Pettirossi
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El subdirector de seguridad de la Dirección de Aeronáutica Civil (Dinac), Gustavo Sandoval, destacó la cooperación brindada al operativo fiscal-policial realizado este martes en las oficinas aduaneras del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. Afirmó que “prácticamente” se hizo una entrega vigilada que posibilitó la detención de los funcionarios de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) vinculados al presunto esquema de coimas.
“Nosotros estamos cooperando con el Ministerio Público y toda la información referente a este operativo está a cargo justamente de la gente fiscal. Estamos cooperando en la investigación con la Policía Nacional y el Ministerio Público”, dijo a los medios de prensa.
Al ser requerido si efectivamente se concretó una entrega vigilada, el funcionario de la Dinac respondió: “Y prácticamente. Hay una denuncia, el Ministerio Público se constituye aquí y nosotros estamos colaborando con esta investigación, de manera a facilitar todos los elementos para que puedan tener una visión holística sobre este tema”, manifestó.
Detalló que todas las evidencias colectadas en la intervención fueron lacradas. “Tres personas están demoradas“, confirmó al aludir a los funcionarios Juan Arroyo, Robert Fernández y Javier Acosta.
El titular de la DNIT, Óscar Orué, manifestó que el operativo se concretó tras denuncias recibidas por parte de un importador.
“Nosotros recibimos una denuncia hace unos días de una persona, entonces derivamos a la Fiscalía. La Dirección Anticorrupción recibió esa denuncia y se comunicó con el Ministerio Público. La persona denunciante proporcionó datos y la Fiscalía actuó en consecuencia", dijo a la 1020 AM.
Ratificó la postura del gobierno de combatir la corrupción en las administraciones aduaneras.
“Estos son casos que queremos que se eliminen en todas las administraciones aduaneras. Para nosotros es importante que se pueda dilucidar el caso y que se pueda encontrar a los responsables, en caso de que haya pruebas”, subrayó.