El senador Enrique Salyn Buzarquis desmintió este jueves que haya pedido la contratación de sus operadores políticos y sus familiares en la función pública. En total, entre familiares y seguidores, el clan le cuesta más de 4.000 millones de guaraníes de forma anual al Estado.

“No es cierto, hay que analizar caso por caso, es muy fácil generalizar. Hay gente que son parientes míos que ingresaron hace mucho tiempo en la función pública y que no tienen nada que ver”, se excusó el legislador del Partido Liberal.

Sostuvo que también tiene familiares que ingresaron a la función pública hace 10 años y reiteró que él no pidió por nadie, pese a que desde la Justicia Electoral reconocieron que hubo una solicitud para la contratación de su esposa, Fiorella Forestieri, sin título universitario, con unos G. 15 millones al mes de salario.

Indicó que la situación de su esposa en el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) “es cosa ella” porque él no pidió su contratación y que ella es la que debe explicar su caso. Consultado si su señora está capacitada, el parlamentario se limitó a responder con un “me imagino que sí”.

“La Justicia Electoral puede responder muy bien, no creo que cometa ninguna ilegalidad. Yo no sé el manejo de la Justicia Electoral, yo no hablé con nadie, no pedí por nadie. Hay que estudiar caso por caso porque generalizar es complicado”, agregó.

El senador Enrique Salyn Buzarquis Cáceres (PLRA) tiene a más de una docena de sus familiares directos dentro de la función pública. Esta carga cuesta anualmente al Estado unos G. 2.600 millones.

Los operadores políticos de los Buzarquis facturan mensualmente a las arcas fiscales un total de G. 118 millones, monto que si se observa desde una perspectiva anual, trepa hasta los G. 1.542 millones. Sumando todo, entre familiares y seguidores, el clan cuesta más de 4.000 millones de guaraníes de forma anual al Estado.