Tras darse a conocer que la Sala Constitucional rechazó la acción de inconstitucionalidad, propuesta por la defensa del diputado Tomás Rivas, la juez penal de garantías, Letizia Paredes informó a la Cámara Baja sobre el pedido de desafuero contra el nombrado legislador, por el caso “caseros de oro”.

En este sonado caso, están imputados Reinaldo Chaparro Penayo, Lucio Romero Caballero y Nery Antonio Franco González, por los hechos punibles de estafa, cobro indebido de honorarios y expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso.

Este lunes, los ministros Miryam Peña, Antonio Fretes y Gladys Bareiro de Módica no hicieron lugar a la recusación propuesta. Asimismo, el Tribunal de Apelación en lo Penal, confirmó que la jueza penal de garantías Leticia Paredes seguirá al frente de la investigación.

Mientras que Tomás Rivas, no podrá ser procesado hasta tanto la Cámara de Diputados decida despojarlo de su impunidad. El parlamentario es acusado de pagar supuestamente a sus empleados particulares, con dinero del Estado. Presumiblemente estos hombres figuraban como funcionarios de la Cámara de Diputados, pero sin ejercer ningún trabajo dentro del Congreso.