Los abogados defensores del diputado Ulises Quintana instalan un argumento para que su cliente sea beneficiado con la aplicación de la medida cautelar de la prisión domiciliaria y no con una prisión preventiva en alguna penitenciaría del país.

En una sala de juicios orales, por la disponibilidad de espacio, se realiza esta mañana la audiencia de imposición de medidas cautelares del parlamentario colorado.

El Dr. Álvaro Arias, uno de los representantes del legislador, argumentó de que las calificaciones penales atribuidas a su cliente por parte del Ministerio Público son desmedidas.

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Considera que la Fiscalía violó el principio de la objetividad y atribuyó hechos punibles que no pueden sostener con elementos probatorios fehacientes, así como la complicidad en el tráfico de drogas, asociación criminal y enriquecimiento ilícito.

Por esta razón, Arias solicitó al Juzgado que realice una lectura fáctica del acta de imputación de la Fiscalía y que excluya los tres hechos punibles indicados más arriba, previa a la aplicación de la medida cautelar.

Además, el leguleyo aseveró que no corresponde la medida de prisión preventiva ya que no existe el peligro de fuga ni el peligro de obstrucción al proceso judicial por parte de su cliente.

Sobre el peligro de fuga, Arias expresó que Quintana tiene un hijo, que está legalmente afincado en el Alto Paraná y que el hecho de ser Diputado Nacional elimina la posibilidad que se escape de la Justicia.

En relación al peligro de obstrucción, el abogado aseguró que su cliente tiene una constancia de que se presentó voluntariamente ante la Fiscalía y que éste órgano no documentó su comparecencia. Añadió que por voluntad propia viene hoy a presentarse al Juzgado para el trámite correspondiente.

Por otra parte, el letrado mencionó que en ninguna parte del acta de imputación de la Fiscalía se cita un elemento probatorio que pueda sostener la complicidad en actividades como el tráfico de drogas, además de poseer un vehículo que corresponde a Reinaldo “Cucho” Quintana y algunos audios de conversaciones.

Sobre la figura de enriquecimiento ilícito, Arias expresó que la Fiscalía no demuestra en qué grado el diputado habría incurrido en ese hecho punible. Refirió además que hoy agregan al expediente judicial la declaración jurada de bienes de Quintana, su constancia de tributación del Registro Único de Contribuyente y certificado de cumplimiento tributario. Alegó con esto que Quintana no debe nada a la Subsecretaría de Estado de Tributación.

Afirmó igualmente que la figura penal de enriquecimiento ilícito es solamente atribuida a funcionarios públicos, por lo que indicó que presentan el certificado del Tribunal Superior de Justicia Electoral que menciona que Quintana fue electo y proclamado en las últimas elecciones. En este punto, señaló que su cliente es funcionario público hace solo 2 meses y que la Fiscalía, en su imputación, no indica en qué momento de su actividad como funcionario del Estado (Quintana) habría incurrido en el enriquecimiento ilícito.

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