Si bien faltan meses para su inauguración, prevista para octubre de este año, los alrededores del nuevo hospital del IPS Ingavi se volvieron intransitables tanto para las personas que van a pie como para los automovilistas. La situación es delicada, sobre todo atendiendo que se dificulta la circulación y el fácil acceso de ambulancias en casos de emergencia.

Los reclamos van y vienen e involucran a dos municipios: Fernando de la Mora y San Lorenzo. La calzada del predio corresponde a Fernando, mientras que la del frente a San Lorenzo. Ambas ciudades se tiran la “pelota” sobre la ocupación de las veredas y de la calle por parte de vendedores ambulantes, algunos apostados en puestos permanentes y otros en provisorios, donde venden desde comida (sin ningún control sanitario) hasta ropa. Todo de manera informal, ocupando espacios públicos.

El intendente de Fernando de la Mora, Alcides Riveros, explicó que están al tanto de los hechos y aclaró que del lado de dicha ciudad la acera quedó despejada. En cambio, precisó que el espacio público correspondiente al municipio de San Lorenzo es el que no se respeta.

“A la derecha (San Lorenzo) están las casillas, la calle Yvaporundy, en la entrada de IPS, tiene entre 15 a 20 casillas. Hacia Fernando de la Mora no hay ninguna casilla. Fernando es la vereda del IPS. Nunca ellos despejaron (San Lorenzo). Nosotros ya despejamos todo”, subrayó Riveros y agregó que “lo que ahora proponemos es hacer sentido único ahí. También trabajamos para que la parada de taxi respete a los transeúntes”.

Por su parte, Aldo Ricardo, director general de la Policía Municipal de San Lorenzo, dijo que dadas las constantes denuncias recibidas, el día jueves (27 de junio) los vendedores informales serán notificados para el posterior desalojo. A su criterio, la intervención estaría a merced de las decisiones del intendente, Alcibiades Quiñónez.

“El intendente me había hablado de eso. El miércoles presento un informe en el que me comprometo a ver ese lugar para proceder a la intervención y a la notificación a esas personas. Con el anterior presidente de la Junta se había llegado a un acuerdo. El jueves, con los fiscalizadores de obras, vamos a ir a cerciorarnos en el lugar y a proceder a la notificación correspondiente. Para el desalojo tiene que abrirse el proceso administrativo para que salga una resolución o, en todo caso, el intendente (Quiñónez) tiene que emitir una medida de urgencia”, explicó Ricardo.

En caso de haber una medida de urgencia u orden de desalojo emitido por el jefe comunal, se procede inmediatamente al despeje de los espacios públicos. “Nosotros solo somos el brazo ejecutor. Si nos viene una medida de urgencia o una resolución, que viene con asesoría jurídica, se fija la fecha y se procede al desalojo”, enfatizó.

La otra opción implica un proceso en el Juzgado de Faltas, previa acción de notificar, identificar e individualizar a las personas que se hallan en el lugar de manera informal. “Después se procede al despeje de la vereda como establece la Carta Orgánica”, puntualizó. Mientras, el lugar seguirá siendo tierra de nadie.