Durante las últimas elecciones municipales que se desarrolló en octubre pasado, se presentó en la Cámara de Senadores el proyecto de ley “Que modifica Art. 6° de la Ley 635/95, Que reglamenta la Justicia Electoral”, por el cual se pretende habilitar al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) para que aplique multas por faltas electorales, entre ellas la multa “por no votar”.

Las multas deberían ser aplicadas teniendo en cuenta al apartado de la normativa vigente que habla de los deberes y atribuciones del órgano electoral. En la Cámara de Diputados postergaron su tratamiento por lo que quienes no partici­paron de los comicios municipales no tienen castigo. El proyecto será tratado para las elecciones del 2023.

Desde La Nación encuestamos a nuestros lectores acerca de este proyecto que podría ser aprobado para las elecciones del 2023 y mediante la plataforma Votá lanzamos la siguiente interrogante: ¿Cree correcto aplicar multas a personas por no votar?

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El 61% de los votos fue por el “no” y aclaran que si bien el voto es un derecho y deber cívico, no debería multarse a quien no vote. Por lo que este proyecto de ley solo castigaría a la ciudadanía, ante esta situación debería ser retirado como propuestas y no ser tratado.

En tanto que el 24% de los lectores votó por el “sí”, explicando que de esta forma se aumentará la participación de los electores en los comicios. De esta forma aprueba este proyecto de ley debería ser tratado y aprobado para las elecciones del 2023.

Así también con el 15% de los votos nuestros seguidores manifestaron que antes de aplicar las multas o si quiera proponer el proyecto se debería analizar el motivo por el cual la persona no va a votar y que sería muy importante que se haga un sondeo para proponer este proyecto.

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Este proyecto establece como multa para aquellos que no acuden a votar medio jornal mínimo, lo que equivale a poco más de G. 40.000. Foto: Eduardo Velázquez.

Las multas

Este proyecto establece como multa para aquellos que no acuden a votar medio jornal mínimo, lo que equivale a poco más de G. 40.000. Además, establece que mientras dure el incumplimiento del pago de la multa las personas no podrán realizar la tramitación de varios documentos personales.

La argumentación de este proyecto menciona que las cifras sobre el ausentismo de los jóvenes en los procesos electorales son preocupantes y alarmantes. El texto menciona también que en el año 2018, unos 900.000 jóvenes de entre 18 y 30 años se ausentaron del proceso, por lo que se enfatiza que la participación ciudadana en las elecciones en nuestro país es baja.

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