Ciudad del Este. Agencia Regional.
“Estamos realizando las diligencias respectivas a los efectos de recabar datos oficiales como la lista oficial de los vacunados y las personas involucradas en la vacunación”, dijo el fiscal Julio Paredes, quien junto a la agente Nilsa Torales, son responsables de la investigación de los vacunados irregulares en el polideportivo de la UPE de Presidente Franco. Consultado por La Nación si se enfocará solo en los vacunados y el personal que realizó la vacunación, manifestó que “la investigación involucra a todos, luego de eso determinar y conforme a las circunstancias de los hechos, discriminar las responsabilidades si existieren”.
En cuanto a quienes dieron la orden, el fiscal Julio Paredes dijo que “ese es el dato que necesitamos recabar con los diferentes testimonios de la gente, eso provendrá de los testimonios, nosotros lo que vamos a dilucidar es si hubo personas que ordenaron, facilitaron o, autorizaron el hecho”.
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Hasta ahora, desde Salud Pública, se argumentó que los audios que circularon en redes motivaron la decisión de los vacunadores. Requerido si cree que con eso solamente se puede explicar lo que pasó, el fiscal Paredes manifestó que junto a Nilsa Torales apuntan a “tratar de buscar la verdad y a partir de eso determinar la existencia o no de hecho punible, la forma en que se defiendan ya queda en otro plano”. Teniendo en cuenta que el local donde ocurrió el hecho, la Universidad Privada del Este (UPE), es propiedad del gobernador Roberto González Vaesken y podría existir una presión política sobre la investigación el agente del Ministerio Público señaló que no teme a la presión.
“No podemos deslindar responsabilidades por presiones, la ciudadanía quiere respuestas y nosotros queremos darle esa respuesta, vamos a investigar, vamos a tratar de llegar a la verdad real de lo que ocurrió, y de esa forma tratar de tener una verdad procesal y si existen adecuaciones de conducta dentro de los tipos penales, avanzar en el proceso”, explicó el fiscal Paredes.
Varios los de los vacunados a quienes permitieron burlar la regla, son directivos y funcionarios de la UPE, propiedad de Roberto González y su familia, entre ellos, Luis “Tiki” González Vaesken, precandidato colorado a la intendencia municipal de Presidente Franco. Las denuncias apuntan a ellos como los supuestos responsables de la vacunación de personas fuera del rango de edad establecido, en Franco.