Un informe presentado por la Contraloría General de la República sobre el uso de los recursos de los programas y proyectos, financiados con los fondos del Fonacide, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt); confirmó que hubo pagos efectuados al margen de los contratos a investigadores. Los 22 investigadores afectados devolvieron la totalidad de los importes recibidos, luego de 22 meses de recibir incentivos que no correspondían. El último pago irregular se produjo el 25 de setiembre de 2019.

Se constató que Conacyt procedió a realizar pagos por fuera del monto establecido en sus respectivos contratos a 22 investigadores, por un monto total de G. 1.100.701.888. Estos investigadores no recibieron ninguna sanción por parte de Conacyt, muy por el contrario, en algunos casos fueron de nuevo beneficiados al acceder a proyectos de nuevas investigaciones.

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Asimismo, la resolución N° 745/19 del Conacyt, en la cual se resolvió aplicar sanción disciplinaria de suspensión en el cargo por el término de 15 días, sin goce de sueldo, al funcionario Julio César Paniagua, quien fungía como Director de Administración y Finanzas hasta julio de 2019, confirma el pago indebido realizado por Conacyt.

Llamativamente, los investigadores afectados no se percataron de haber recibido pagos superiores a los montos estipulados en sus respectivos contratos y, si bien el Conacyt recuperó los recursos transferidos por demás; fue después de 22 meses y tuvo que realizar una serie de procesos administrativos para la recuperación de las sumas entregadas en exceso.

Instituciones y entidades adjudicadas

La organización Decidamos obtuvo financiación del Conacyt para la “Campaña por la expresión ciudadana”. La misma fue adjudicada con un proyecto denominado “Fiscalidad para la equidad social” de un total de G 798.376.495, cuyo monto ya recibió en su totalidad; el proyecto debió culminar el 31 de julio de 2018. Sin embargo, recién al 13 de julio de 2020 se visualizó su finalización, verificandose así tres adendas con las que extendió el plazo de fin de ejecución en 14 meses.

Otra de las entidades beneficiadas fue la Asociación de Funcionarios de la Universidad Nacional de Caaguazú- AFUNCA. Organización privada adjudicada con cuatro proyectos, con un monto total de G 1.460.292.000. Las fechas de entregas de los proyectos ya fenecieron y no se recibieron aún los informes finales de los proyectos ofrecidos y aprobados.

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Proyectos adjudicados no fueron finalizados

Los cuatro contratos suscritos por AFUNCA, fueron modificados cuatro veces mediante adendas, extendiendo así los plazos de fin de ejecución de dichos contratos pero que, de igual manera, a pesar de las extensiones de los plazos, los proyectos adjudicados no fueron finalizados.

También, fue beneficiada la Asociación Instituto María Auxiliadora de Villarrica, organización privada adjudicada con tres proyectos por un monto total de G 840.000.000. Dos de los contratos fueron modificados seis veces mediante adendas y, un contrato, fue modificado seis meses, mediante el mismo procedimiento, extendiendo los plazos del fin de ejecución de los contratos por más de 27 meses pero que, de igual manera, a pesar de eso, los proyectos adjudicados no fueron finalizados.

Otra institución es la Universidad del Cono Sur de las Américas (UCSA), que adjudicada con 9 proyectos por un total de G 2.303.164.475, todas fueron objeto de adendas para extender el plazo del fin de ejecución de dichos contratos, pero que, de igual manera, ocho de los proyectos adjudicados no fueron finalizados.

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También, se incluye a la lista de beneficiarias a Base Investigaciones Sociales (Base IS), adjudicada con cuatro proyectos por un total de G 1.004.415.500. Tres contratos fueron modificados con adendas, extendiendo así los plazos de fin de ejecución de dichos contratos y uno sin haber sufrido modificaciones, pero también con el plazo de ejecución vencido.

Igualmente, se procedieron a financiamientos de congresos, simposios y seminarios, sin la presentación de rendición de cuentas de algunos de los organizadores del uso de los fondos. Entre los años 2018 y 2019, el Conacyt adjudicó a varias instituciones educativas y organizaciones un monto total de G 2.154.479.152 y no procedió un seguimiento a la rendición de cuentas de los beneficiados. Además, de pagos de becas a beneficiarios que no presentaron los trabajos de conclusión del estudio financiado por la Conacyt.

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