El representante de la Cámara Paraguaya de Cannabis Industrial (Cannapy), Juan Carlos Fisher, señaló este jueves que hay un desprecio absoluto hacia ellos de parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), dirigido por Rodolfo Friedmann.
“Todas las ventajas habidas y por haber lo va teniendo, incluso le autorizan 10 mil kilos de semilla. Estábamos contentos porque pensamos que íbamos a tener a algunos campesinos haciendo las primeras pruebas con las notas de pedidos de cultivos experimentales y nos responden que nos van a dar un kilo y medio”, lamentó Fisher en comunicación con Universo 970 AM.
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Sostuvo que el problema empieza con el decreto presidencial, en el que dice que la función del gremio es la de educar a mucha gente que no conoce el producto y a los socios de Cannapy, pero al final se terminó beneficiando a una empresa amiga del ministro Rodolfo Friedmann.
Mencionó que la idea de la cámara desde el principio fue promover y colaborar, a fin de que el cultivo de cáñamo beneficie a todos los productores y a las familias paraguayas, pero actualmente “va tomando otro rumbo” con la preferencia del MAG a una empresa amiga del ministro, dejando de lado a los productores y agremiados a Cannapy.
“Pensamos que era una broma, que se equivocaron en el tipeo. Con este fracaso que tuvo esta empresa en su cultivo nos hace pensar que nosotros debemos actuar de otra forma. El que otorga el trato monopólico es el ministerio, nuestro problema es la administración de este decreto ley”, agregó el representante del gremio.
Suman las denuncias contra Rodolfo Friedmann, esta vez por beneficiar a una empresa que aun con todo el apoyo brindado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería ha puesto en riesgo un importante proyecto agrícola nacional, el plan del cultivo de cáñamo.
Friedmann es acusado también de haber montado un esquema, a fin de adueñarse de las licitaciones de la gobernación para la provisión del almuerzo escolar mediante la empresa Eventos y Servicios (ESSA), que siempre era la adjudicada con los llamados, casualmente cuando el denunciado era gobernador y accionista de la firma, donde aportó un capital operativo de G. 1.700 millones.