El senador por el Partido Liberal, enrique Salyn Buzarquis fue absuelto de culpa y pena del hecho de lesión de confianza de forma unánime por el Tribunal de sentencia.

Finalmente los miembros del Tribunal no encontraron suficientes elementos para condenar al parlamentario, en un juicio que tuvo un largo periodo de estudio.

Recordemos que a solicitud de la fiscala Victora Acuña, quien tras la investigación realizada encontró pruebas que supuestamente demostrarían que el citado político incurrió en el hecho punible de lesión de confianza.

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Sin embargo, el senador Enrique Salyn Buzarquis aseguró este mismo lunes que su actuar no causó daño patrimonial al Estado paraguayo. "Me declaro inocente y pido que se haga justicia, dijo como finalmente aconteció".

“Por unanimidad se resolvió esto, desde el principio dijimos que no hubo ningún daño patrimonial”, abogada Cecilia Pérez, representante legal de Enrique Salyn Buzarquis.

El Tribunal de sentencia luego de escuchar a la representante del Ministerio Público y la defensa del senador, concluyó que no existen suficientes evidencias que el hecho punible exitió por lo que el senador quedó absuelto.

Según la investigación realizada por la fiscala Victoria Acuña, Salyn Buzarquis comprometió US$ 600.000 de los recursos del Estado (en el 2012) sin autorización de la Presidencia.

La fiscala Victoria Acuña sostuvo en su acusación que Buzarquis, cuando ocupó la titularidad del MOPC durante el gobierno de Federico Franco "firmó un acuerdo entre la cartera estatal y la empresa italiana ANAS SPA, además de celebrar dos convenios específicos para realizar estudios en el Chaco y en Ñeembucú.

A raíz de ello, el hoy acusado obligó al Estado paraguayo a abonar la suma de US$ 500.000 para la realización de trabajos en el Chaco, contraprestación a cargo del MOPC, y 100.000 dólares en el departamento de Ñeembucú, contraprestación a cargo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), a pesar de que dichos estudios ya fueron realizados con anterioridad según un informe del departamento de Viabilidad del MOPC", explica el documento. Así, Buzarquis habría ocasionado un perjuicio al Estado de US$ 600 mil dólares.

El pago a la empresa italiana ANAS no se realizó pues la administración de Ramón Jiménez Gaona (anterior ministro de Obras Públicas) denegó el pago en 2014.

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