El abogado de los operadores de estaciones de servicio de Petropar, Luis Villamayor, lamentó este martes que hasta el momento el Ministerio Público no haya designado un agente fiscal para la investigación contra las presuntas irregularidades en la administración de Patricia Samudio al frente de la petrolera estatal.

“La semana pasada habían dicho que ya había un agente fiscal designado para la causa. Yo no tuve una notificación oficial alguna, pero debería haber sido notificado de manera a poder ratificarme en mi denuncia y seguir con el proceso”, dijo Villamayor, en comunicación con la 970 AM.

Sostuvo que la cuestión es bien clara, Petropar, a ser un ente regulador, debe velar por los intereses de la ciudadanía y que se debe manejar con transparencia. Lamentó que existan hechos irregulares en la gestión de Samudio y que la Fiscalía no haya designado aún un fiscal.

Indicó que las denuncias también son por tráfico de influencia pero la cuestión es dilatada por las autoridades del Gobierno. Explicó que Petropar cuenta con unas 150 estaciones de servicio a nivel país pero en volumen de venta se encuentra en el tercer lugar del mercado, pese a que los emblemas privados son más de dos mil.

“Imagínense el volumen antes de esta suba totalmente innecesaria y descabellada que se dio hace un mes y pico, de dónde viene la cuestión. Hay una intencionalidad (de dilatar la investigación) en convivencia con la presidenta de Petropar. Lamentablemente hay una complicidad de las instituciones encargadas”, agregó.

La presidenta de Petropar, Patricia Samudio, autorizó la transferencia de US$ 20 millones de fondos del ente que estaban en bancos privados, fruto del pago de proveedores a la institución, al banco GNB. La ley de presupuesto le obligaba a retirar esos fondos y depositarlos al Banco Nacional de Fomento (BNF).

El ex gerente financiero de la petrolera estatal, Luis Gómez, se opuso a dicha operación por considerarla ilegal, pero Samudio asumió la consecuencia dando su visto bueno. Gómez fue destituido dos días después. También habrían otros hechos irregulares en la administración de la presidenta, en la suba de precios y la venta de los productos.