PETER J. HENNING

¿Puede haber fraude si no se perdió dinero?

Es la pregunta que generaron los cargos por fraude que presentó en octubre el fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus R. Vance Jr., en contra de dos empresas de medios.

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El fraude es un tipo de robo, pero en este caso se reembolsaron los préstamos y los bancos que supuestamente fueron engañados por las firmas no perdieron nada de dinero.

Este es un desafío para los fiscales. Una pérdida en un caso de fraude es importante, no como un elemento del delito –porque no lo es–, sino más bien por la medida en que puede influir en el jurado. Lo más común es que un robo involucre a una víctima que pierde dinero o propiedades, pero cuando un banco presta dinero y obtiene el reembolso, entonces los falsos testimonios podrían no generar mucha preocupación.

De acuerdo con los cargos, las dos empresas de medios –IBT Media, la cual posee Newsweek, y Christian Media, una editorial religiosa en línea de Washington– obtuvieron préstamos de bancos para comprar servidores de gama alta para computadoras. Sin embargo, la mayoría del dinero se canalizó hacia cuentas que controlaban las dos empresas de medios y sus directores –Etienne Uzac, cofundador de IBT, y William Anderson, ex director ejecutivo y editor de Christian Media– para pagar otros préstamos a fin de mantener el perfil crediticio de Newsweek, según el auto de procesamiento.

Los acusados también dieron información falsa a los bancos, incluidos estados financieros que fueron auditados por un contador ficticio para el que crearon un sitio web, un número de teléfono y un correo electrónico falsos, de acuerdo con los cargos.

En un comunicado publicado en el sitio web de IBT, Uzac reafirmó su inocencia y mencionó que “los acreditantes en cuestión han recibido el reembolso completo con intereses y cuotas. No hubo víctimas y mi intención nunca fue perjudicar a nadie”. El abogado de Anderson declaró que “la oficina del fiscal del distrito de Manhattan está iniciando un caso en el que la víctima no ha sufrido ningún perjuicio financiero”.

Para demostrar un fraude, los fiscales deben probar que los acusados se involucraron en “un plan que constituye un patrón de conducta sistemático y en curso con la intención de defraudar a más de una persona” para despojarlas de propiedad con valor superior a los 1.000 dólares.

El elemento clave en este tipo de casos es demostrar una intención defraudadora. Si los acusados pueden probar que actuaron de buena fe y no intentaron engañar a nadie, no se les puede condenar por fraude.

Desde hace tiempo, los tribunales de Nueva York han reconocido que es difícil probar qué hay en la mente de un acusado. Es raro el caso en el que hay pruebas para establecer qué estaba pensando una persona al momento exacto de una transacción. En El Pueblo vs. Sala, la corte de apelaciones de Nueva York explicó que “normalmente no es posible comprobar una intención defraudadora mediante evidencia directa y por lo general se debe inferir de evidencia circunstancial, como el conocimiento que tuvo el acusado de la naturaleza falaz o engañosa de las prácticas comerciales particulares que se emplearon”.

CORTE SUPREMA

El uso de una empresa de contabilidad falsa podría ser de mucha utilidad para demostrar que hubo un plan para engañar a los bancos. Conforme el estatuto federal de fraude bancario, en el 2014 la Suprema Corte determinó en Loughrin vs. Estados Unidos que el crimen es perpetrar el plan, no la culminación del fraude que podría perjudicar al banco.

Sin embargo, la ausencia de pérdidas para los bancos produce una defensa potencial: “¿Qué tiene de malo si maquillamos un poco los estados financieros?”. A menudo, los bancos solicitan al prestatario que presente un documento en el que estipule cómo se usarán los fondos, pero la principal preocupación es si el dinero se reembolsará con intereses.

En años recientes, la oficina de Vance se ha topado con problemas en casos de delitos de cuello blanco de alto perfil. En el 2015, Abacus Federal Savings Bank, un pequeño acreditante de Chinatown en Nueva York, fue absuelto de los cargos de fraude, conspiración y falsificación de registros de negocios para préstamos hipotecarios que involucraban información falsa. En una columna de The New York Times se describió el encuentro del banco con los fiscales como un “viaje surreal” que comenzó con un auto de procesamiento por 184 cargos y terminó cuando un jurado lo exoneró.

En el 2014, el fiscal del distrito de Nueva York presentó un auto de procesamiento por 106 cargos en contra de tres ejecutivos de Dewey & LeBoeuf –un despacho jurídico que alguna vez fue uno de los principales en Manhattan hasta que colapsó en el 2012–, en el cual los acusó de fraude. Después de dos juicios que duraron meses, solo se condenó a uno de los ejecutivos, quien recibió como sentencia una multa por un millón de dólares y 750 horas de servicio comunitario.

El resultado de estos casos no significa que el proceso judicial en contra de IBT Media, Christian Media y sus ejecutivos esté destinado al fracaso. A diferencia de los procedimientos en contra de Abacus y los ejecutivos de Dewey, este auto de procesamiento solo tiene diez cargos, así que será un caso mucho más simplificado. Esto hará que sea más fácil presentar el caso ante un jurado, el cual no tendrá que lidiar con una montaña de evidencia para intentar discernir si hubo o no intención de defraudar a los bancos.

Sin embargo, la falta de pérdidas seguramente será un punto clave al que recurrirán los acusados. Si nadie terminó perjudicado, ¿puede haber crimen? La respuesta es sí, pero el gobierno tendrá que ser persuasivo.

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