Las operaciones de créditos otorgados por las cajas provisionales a sus aportantes no se verán afectadas por la ley que crea la superintendencia de jubilaciones y pensiones, en caso de que esta sea aprobada por la Cámara de Senadores y promulgada por el Ejecutivo. Así lo aclaró ayer el Ministerio de Hacienda, en respuesta a la preocupación de algunos aportantes.
“Lo único que la superintendencia buscará es que exista un retorno de esos recursos. No se prohibirá, o no se les pedirá que reduzcan la cantidad de su portafolio de colocaciones, porque evidentemente es una inversión única, que da un retorno interesante y tiene bajo riesgo”, dijo ayer la titular de Hacienda, Lea Giménez, en conversación con las radios.
Reiteró que los asegurados no deberían preocuparse, ya que lo único que se exigirá con esta ley es que exista una rendición de cuentas, auditorías externas, verificación de los números, que dé transparencia a los procesos, y también verificación de los balances financieros. “Los administradores de las cajas no perderán autonomía. La superintendencia de pensiones no podrá decidir sobre las inversiones. Solo podrá controlar la gestión de las cajas, bajo principios básicos de seguridad”, aseveró.
El proyecto de ley que crea una superintendencia de jubilaciones y pensiones volvió a revivir el pasado 16 de mayo del 2018, luego de que Diputados aprobó por mayoría el proyecto. El mismo fue presentado por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados el año pasado, estuvo en la Cámara Baja más de un año antes de ser tratado y aprobado.
Ahora el proyecto pasa al Senado para su respectivo estudio. Desde los sectores gremiales de trabajadores y empresarial este proyecto es totalmente rechazado, y amenazan con realizar masivas marchas y paralizaciones para manifestar el repudio hacia esta normativa. Los principales puntos que reclaman los gremios son la gobernanza, la distribución de las inversiones y el poder que se le otorgará al superintendente.