El proyecto de ley que crea la superintendencia de jubilaciones y pensiones consiguió otros aliados. Los ex ministros de Hacienda de los últimos 20 años manifestaron ayer su apoyo al proyecto de ley, mediante un comunicado emitido luego de la reunión mantenida en la víspera con la actual titular de esta cartera, Lea Giménez, en sede fiscal.
De acuerdo a la nota, los mismos sostuvieron que es necesaria la creación de un ente regulador y supervisor de los fondos previsionales, que apunte a resguardar los aportes de los trabajadores y jubilados, con reglas claras y transparentes.
Mencionan, además, que la creación de la superintendencia es considerada de altísima prioridad social, debido a que apunta a evitar los errores cometidos en el pasado, donde los malos manejos financieros hicieron perder sus aportes jubilatorios a miles de paraguayos, y pusieron en riesgo la sostenibilidad de varias cajas de jubilaciones. Por otra parte, el documento aclara que con la creación de la superintendencia, los administradores de las cajas no perderán autonomía, ya que la superintendencia de pensiones no podrá decidir sobre las inversiones.
CONTROLAR
"Esta solamente podrá controlar la gestión de las cajas, bajo principios básicos de seguridad. A nuestro entender, la ley cuenta con claros mecanismos de control, transparencia, de peso y contrapeso con garantía de recursos de reconsideración, apelación y de objeción", reiteraron los ex ministros.
Los firmantes del comunicado fueron: Germán Rojas, James Spalding, Alcides Jiménez, Miguel Gómez, César Barreto, Manuel Ferreira, Santiago Peña, Ernst Bergen y Gerardo Doll. El proyecto de ley que crea una superintendencia de jubilaciones y pensiones volvió a revivir el miércoles 16 de mayo del 2018, luego de que la Cámara de Diputados aprobó por mayoría el proyecto. El mismo fue presentado por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados el año pasado, estuvo en la Cámara Baja más de un año antes de ser tratado y aprobado. Ahora el proyecto pasa a la Cámara de Senadores para su respectivo estudio.
Desde los sectores gremiales de trabajadores y empresarial este proyecto es totalmente rechazado, y amenazan con realizar masivas marchas y paralizaciones para manifestar el repudio hacia esta normativa. Los principales puntos que reclaman los gremios son la gobernanza, la distribución de las inversiones y el poder que se le otorgará al superintendente.