El resultado defici­tario se volvió cos­tumbre en la caja fis­cal. Desde hace unos años, la misma viene experimen­tando desequilibrios entre sus ingresos y gastos, motivo que despertó la preocupación de varios sectores.

Desde enero a abril del 2018, el resultado acumulado de la caja fiscal arrojó un défi­cit de G. 172.191 millones, que representó una pérdida promedio de G. 1.434 millo­nes por día, según los datos publicados por el Ministe­rio de Hacienda en el último informe.

Este desequilibrio fue pro­ducto de los resultados nega­tivos que arrojaron tres caja en específico, de las seis que componen la caja fiscal. Estas fueron las de maestros, poli­cías y militares, que cerra­ron el primer cuatrimestre de este ejercicio con un défi­cit acumulado de G. 53.640 millones, G. 115.978 millones y G. 159.649 millones, respec­tivamente.

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De estas tres cajas, el défi­cit arrojado por la caja de maestros fue financiado con los superávits de las caja de Empleados Públicos (G. 144.523 millones), Magis­trados Judiciales (G. 6.308 millones), y Docentes Univer­sitarios (G. 6.214 millones). Mientras que los déficits de las cajas de policías y milita­res fueron financiados con dinero público, provenien­tes del cobro de impuestos.

En base a esta situación, que es similar a las otras cajas de jubilaciones existentes en el país, el Ministerio de Hacienda, en representación del Poder Ejecutivo, solicitó el lunes al Congreso Nacio­nal que se apruebe de manera urgente la ley que crea la supe­rintendencia de jubilaciones y pensiones, que hoy ya tiene media sanción de Diputados. De acuerdo a las manifesta­ciones brindadas por la minis­tra de Hacienda, Lea Giménez, durante la semana pasada esta ley apunta a quitar la discre­cionalidad en el manejo de los recursos de los trabajadores y generar un control y transpa­rentar el uso de los recursos de las cajas de jubilaciones.

En tanto, desde el sector gre­mial y empresarial este pro­yecto de ley aún no es acep­tado, debido a la potestad que se le dará a una sola persona (superintendente) para deci­dir y poner las pautas de la utilización del dinero de los trabajadores, señalaron repre­sentantes de estos sectores.

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