La Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (Cappro) valoró el esfuerzo del Gobierno por fortalecer la confianza del mercado internacional que se vio reflejada en la obtención del segundo grado de inversión, celebrando las oportunidades que esto abre para atraer nuevas industrias al Paraguay.

En su mensaje por cierre de año, el gremio ratificó que la agroindustria paraguaya, y en particular el procesamiento de la soja, tiene un rol central en el desarrollo económico y la soberanía comercial del país.

Promover nuevas inversiones debe ir necesariamente de la mano con cuidar a las industrias que hoy están produciendo, empleando y exportando. “La agroindustria nacional de soja opera a más del 80 % de su capacidad instalada por una cuestión coyuntural y aspira a alcanzar el 100 % de forma permanente”, indicaron.

No obstante, señalaron que ese mismo énfasis debe aplicarse también al cuidado de quienes invierten y producen en el país desde hace más de una década, puesto que las empresas satisfechas se convierten en las mejores embajadoras del Paraguay.

“El 2025 dejó lecciones claras. El 2026 exige decisiones, industrializar más no es una decisión sectorial, es una decisión estratégica del país. Con políticas adecuadas, la agro industrialización puede impulsar con mucha fuerza el desarrollo económico del país”, indicaron.

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El gremio remarcó que el potencial de las agroindustrias quedó demostrado este año en un contexto internacional complejo. Factores externos como los conflictos geopolíticos y los cambios en las políticas de países competidores limitaron la exportación de soja en estado natural”, indicaron.

Sin embargo, lejos de perderse, el volumen fue procesado localmente, se transformó, se le agregó valor, se fortaleció el consumo interno de productos nacionales y se incrementaron las exportaciones de derivados, siendo una respuesta eficiente de la agroindustria ante una coyuntura adversa.

“Estamos convencidos de que el crecimiento industrial del Paraguay solo será sostenible si se apoya en políticas públicas estables, previsibles y persistentes en el tiempo”, agregaron.

Por último, mencionaron que el planteamiento de la agroindustria para corregir distorsiones fiscales que limitan su competitividad no debe interpretarse como un beneficio sectorial, sino como una herramienta económica clave.

Esto, con la finalidad de liberar capital de trabajo, reactivar inversiones, ampliar la capacidad instalada y generar más empleo, mayor industrialización y un impacto positivo en toda la cadena productiva.

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