Las principales instituciones agroindustriales de Argentina, Brasil y Paraguay emitieron un pronunciamiento conjunto en rechazo al Reglamento 1115 de la Unión Europea (UE), que establece condiciones para la importación de productos libres de deforestación.
Los firmantes consideran que esta impone reglas unilaterales y extraterritoriales, afectando directamente la competitividad exportadora del bloque sudamericano y generando preocupación sobre el impacto en las economías rurales.
El comunicado fue realizado en el marco del Espacio Parlamentario Agroindustrial Sudamericano (EPAS), plataforma regional que reúne a legisladores y entidades del sector agroindustrial de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay. La iniciativa marca un hito en la articulación regional frente a políticas externas que inciden sobre los sistemas productivos del continente.
Leé también: Deflación por segundo mes consecutivo refleja estabilidad de precios
Según el texto, la normativa europea fue aprobada sin diálogo previo con los países productores, vulnerando principios básicos del comercio internacional. Entre los principales cuestionamientos, las organizaciones destacan que el reglamento:
-Es unilateral y extraterritorial.
-Resulta incompatible con el derecho internacional y los principios de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
-Contraviene acuerdos ambientales de la ONU al transformar políticas climáticas en barreras comerciales encubiertas.
- Impone costos desproporcionados a productores y pequeñas y medianas empresas rurales, afectando el desarrollo local.
Además, los firmantes objetan la clasificación de “riesgo estándar” aplicada por la UE a varios países sudamericanos, ya que, según señalan, carece de criterios científicos claros y no reconoce los avances en legislación forestal, trazabilidad y sostenibilidad productiva alcanzados en la región.
Cada país aportó sus argumentos técnicos para sustentar la posición conjunta.
Paraguay, representado por la Unión de Gremios de la Producción (UGP), calificó la normativa como discriminatoria y contraria al comercio internacional, subrayando que ignora la legislación forestal vigente y genera inseguridad jurídica para los productores locales.
Te puede interesar: Itapúa se consolida como destino competitivo en el mundo motor tras el WRC