Washington, Estados Unidos | AFP | por Charlotte PLANTIVE
El gobierno de Donald Trump y la oposición se enfrentarán este martes en la Corte Suprema de Estados Unidos por la controvertida pregunta sobre la nacionalidad en el próximo censo, un cuestión clave para la comunidad latina.
El tema parece meramente técnico, pero sus implicaciones son enormes: el censo, que debe hacerse cada diez años según la Constitución, es clave para el reparto de unos 675.000 millones de dólares en subvenciones federales y para asignar a cada estado un número de escaños en la Cámara de Representantes.
El secretario de Comercio, Wilbur Ross, anunció en marzo de 2018 la reintroducción de una pregunta sobre la nacionalidad en los formularios para el censo de 2020. Esta pregunta había sido abandonada hace más de 60 años.
Esta decisión suscitó inmediatas protestas de los demócratas y de los defensores de los inmigrantes, para quienes esa pregunta intimidará a los extranjeros en situación irregular y podría generar una subestimación de la población de los estados que albergan mayor número de inmigrantes, generalmente dirigidos por los demócratas.
Antes del inicio de los argumentos este martes, algunas personas se manifestaron delante de la corte con pancartas que demandaban "Un censo justo para todos" y afirmaban: "Cada persona cuenta".
Según la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos (NALEO), ningún otro asunto que sea tratado por el tribunal va a tener más consecuencias directas para los latinos en Estados Unidos.
Una veintena de estados, como California o Nueva York, y numerosas ciudades, entre ellas San Francisco y Chicago, denunciaron la nueva formulación del censo.
Entre los temores está el recibir menos subvenciones que las que les correspondería por su nivel real de población.
Un juez federal de Nueva York les dio razón en enero en un fallo en el que considera que Wilbur Ross "no tuvo en cuenta importantes aspectos" del problema y "actuó irracionalmente".
Otros dos tribunales, de California y Maryland, se pronunciaron posteriormente en el mismo sentido.
“Un subregistro de los latinos”
"La evidencia en este caso es clara. Tres cortes federales ya determinaron que la inclusión de la pregunta sobre la ciudadanía fue hecha violando la ley federal y esto va a implicar un subregistro de los latinos y de los inmigrantes", explicó NALEO en un comunicado.
El gobierno de Trump solicitó entonces a la Suprema Corte que interviniera en el asunto de manera urgente, incluso antes de que se pronunciaran los tribunales de apelaciones.
La máxima instancia judicial aceptó y escuchará el martes los argumentos del gobierno y de sus detractores, incluida la Cámara de Representantes, controlada desde enero por los demócratas.
Se tratará de la audiencia de mayor peso político desde la incorporación a la Corte, en octubre, del juez conservador Brett Kavanaugh, un nombramiento realizado por Trump que dio mayoría en el tribunal supremo a los conservadores en perjuicio de los progresistas.
Según los observadores, los magistrados deberían pronunciarse antes de junio para que los formularios del censo puedan ser impresos a tiempo.
Uno de los temas del debate son las intenciones de Ross.
Durante audiencias públicas realizadas en 2018, el secretario de Comercio dijo que su decisión de ajustar la pregunta sobre la ciudadanía obedeció a un pedido del Departamento de Justicia, que pretendía, argumentó, obtener datos más precisos para hacer respetar las leyes electorales.
Luego quedó claro que fue el propio Ross quien pidió a su par de Justicia que formulara esa pregunta.
“Subterfugio”
La oficina del censo había además advertido a Ross a comienzos de 2018 sobre las consecuencias negativas de su idea. Sus expertos estimaron entonces que al menos 1,6 millones de personas se abstendrían de participar en el censo si se les preguntara por su nacionalidad.
Luego revisaron esos cálculos y elevaron la cifra a 6,5 millones de personas, sobre una población total de 320 millones, según documentos judiciales presentados a la Corte Suprema.
"El secretario de Comercio admite la posibilidad de una subestimación", pero considera que "deriva de una conducta ilegal", escribió el gobierno para justificar la iniciativa de Ross.
La poderosa asociación de defensa de los derechos civiles ACLU denunció un "subterfugio" destinado a "cubrir el verdadero objetivo" del gobierno, es decir "reducir el peso político de las comunidades atacadas por la administración Trump desde su llegada al poder".
El presidente, que hizo de la lucha contra la inmigración clandestina uno de los puntos fuertes de su gestión, defendió el agregado de una "pregunta esencial sobre la ciudadanía".
Sin ella, tuiteó a comienzos de abril, el censo “perdería toda significación y ello equivaldría a despilfarrar miles de millones de dólares (ridículo)”.