El juez Penal de Ejecución de San Lorenzo, Víctor Benítez, expresó su preocupación por la reiterada falta de cumplimiento de las obligaciones alimentarias impuestas a personas condenadas o beneficiadas con medidas alternativas a la prisión.
Benítez explicó que, pese a los beneficios otorgados por la Justicia —como la suspensión de ejecución de la condena o la suspensión condicional del procedimiento—, numerosos obligados continúan sin cumplir con las reglas de conducta establecidas.
“En ambos casos me corresponde controlar el cumplimiento de sus obligaciones para que puedan seguir gozando de sus beneficios: en el primer caso, para no ir a la cárcel; y en el otro, para evitar llegar a juicio oral”, señaló el magistrado.
Falta de interés
El magistrado advirtió que, ante el incumplimiento reiterado, su atribución es ampliar el plazo para el cumplimiento o, en casos de nulo interés, revocar el beneficio otorgado. Sin embargo, muchas resoluciones de revocatoria son apeladas y los tribunales superiores vuelven a conceder nuevas oportunidades a los condenados o imputados.
“Esto genera una sensación de injusticia para las víctimas, que son los niños y las personas denunciantes que reclaman la prestación alimentaria”, enfatizó.
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Defensores públicos y apelaciones
Benítez reveló una situación preocupante: “Los defensores públicos muchas veces ni contacto tienen con sus defendidos y cuando se les revoca, vienen y plantean apelación. Por ejemplo, una defensora, luego de que la Cámara de Apelación revocó mi resolución, viene y me plantea extinción. ¿Qué significa eso? Que quiere que la deuda de más de 16 millones quede en el opareí, en atención al derecho de su defendido por sobre el interés superior del niño”, denunció.
Derechos vulnerados
El juez Benítez reiteró que la instancia de ejecución, cuya naturaleza es garantizar el cumplimiento efectivo de las condenas y reglas impuestas, se convierte muchas veces en una instancia adicional dentro del proceso, dilatando la solución y afectando directamente los derechos de los menores.
“Estamos hablando de derechos fundamentales, como la alimentación y el bienestar de los niños, que no pueden esperar”, puntualizó.
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