La sede judicial de Villa Hayes en la que se desarrolló el juicio oral y público que terminó con la condena de dos personas por la muerte de dos indígenas. Foto: Néstor Soto.
Tribunal de Sentencia de Villa Hayes condenó a dos personas por homicidio de dos indígenas
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La Justicia condenó a dos personas a 23 años de cárcel y a 15 años de pena privativa de libertad tras ser encontrados culpables por el homicidio de dos indígenas. El colegiado dictó la sentencia condenatoria luego del debate del juicio oral desarrollado en la sede judicial de Villa Hayes.
El agente fiscal Irán Suárez Galeano, titular de la Unidad Penal nro. 4, fue quien presentó todos los elementos para lograr la condena de Luis Adalberto Coronel Pessoa (hijo de la líder de la comunidad indígena Santa Rosa), quien fue sentenciado a 23 años de prisión, y de Juan Emanuel Yepogien Caballero Flores, a 15 años de prisión.
El hecho ocurrió el 24 de diciembre del 2018, donde perdió la vida Robert Benítez (indígena de la comunidad San Francisco - Cerrito) y Victorino Morales (indígena de la comunidad Río Verde), quienes sufrieron varias heridas con machetes, cuchillos y otras armas blancas.
El Tribunal de Sentencia, tras escuchar los alegatos finales de las partes, ha dictado el fallo mediante el cual los acusados fueron condenados.
Ante la sentencia condenatoria, la defensa de cada uno de los sentenciados tiene la posibilidad de apelar el fallo dictado en primera instancia y, en caso de ser así, será un tribunal de apelación de Villa Hayes el que deberá analizar el planteamiento hecho por los condenados y analizar si corresponde confirmar la sentencia condenatoria o, en su defecto, anularla y ordenar que se realice un nuevo juicio oral y público.
Con los positivos se confirma que en el lugar hay un rebrote del virus SARS-CoV-2, ya que el primer caso se había registrado en setiembre del año pasado. Foto: Gentileza.
Cierran Penitenciaría de San Pedro por detectarse rebrote de COVID-19
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Dentro de la Penitenciaría Regional de San Pedro cuatro personas privadas de libertad dieron positivo a la prueba de COVID-19, las mismas ya se encuentran aisladas del resto de la población para prevenir un mayor contagio dentro del penal. Con los positivos se confirma que en el lugar hay un rebrote del virus SARS-CoV-2, ya que el primer caso se había registrado en setiembre del año pasado.
El Ministerio de Justicia a través de la Dirección de Salud Penitenciaria ya activó los protocolos establecidos y como primera medida dispuso el cierre epidemiológico por un mes para mitigar la expansión del COVID-19.
Con el rebrote en la Penitenciaría Regional de San Pedro, Salud Penitenciaria reporta la presencia del virus en seis penitenciarías ya que en el Buen Pastor, Serafina Dávalos, Juana María de Lara, Villarrica y Coronel Oviedo se detectó la enfermedad semanas atrás. Según el último informe, dentro del sistema penitenciario se encuentran 93 casos positivos, de los cuales 27 están recuperados.
El director de Salud Penitenciaria, Daniel Cantero, explicó que el protocolo para mitigar la expansión del virus está activado en los centros penitenciarios con casos confirmados e instó a seguir manteniendo las medidas de seguridad a fin de prevenir el contagio.
“Estamos implementando el protocolo para disminuir las posibilidades de contagio, tanto las PPL como los funcionarios con COVID-19 están aislados. Este es un momento donde no debemos relajarnos, debemos seguir con el uso del tapabocas, lavado frecuente de manos y no compartir el mate o tereré”, afirmó.
El total de casos confirmados en las cárceles hasta la fecha asciende a 89, mientras que son 27 los recuperados. Un total de 62 personas todavía mantienen los síntomas de la afección. Foto: AFP.
Aumentan los casos de COVID-19 en penitenciarías del país
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El aumento de los casos de contagios de COVID-19, especialmente luego de las fiestas de fin de año, también se hace notar en el sistema penitenciario nacional, donde tras dejar atrás los casos activos, nuevamente comienza a cobrar fuerza el aumento de números positivos, tanto entre las personas privadas de libertad como los funcionarios de los diferentes centros penales.
Un reporte presentado por el Ministerio de Justicia a través de su cuenta de Twitter señala que en la Penitenciaría Nacional de Villarrica ya se reportaron 45 casos; en la cárcel de mujeres del Buen Pastor, 24 casos; en el Centro Penitenciario de Mujeres Serafina Dávalos, 16 casos; en la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo, 2 casos, y la misma cantidad de casos en la Penitenciaría de Mujeres de Ciudad del Este Juana María de Lara.
El total de casos confirmados hasta la fecha es de 89, mientras que son 27 los recuperados. Un total de 62 personas todavía mantienen los síntomas de la afección. En varias ocasiones, dentro del sistema penitenciario nacional se produjeron rebrotes de casos de contagios, como lo sucedido en la cárcel de Ciudad del Este en julio pasado, cuando 140 personas, entre privados de libertad, guardias y funcionarios, sufrieron el masivo contagio.
Cierre epidemiológico
En el mes de noviembre pasado, el Ministerio de Justicia dispuso el cierre epidemiológico de la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero en cumplimiento del protocolo establecido para mitigar la expansión de los casos de coronavirus tras la confirmación de nuevos contagios en el establecimiento.
El caso más reciente de cierre epidemiológico fue dentro del penal de mujeres del Buen Pastor, al ser detectada una interna que portaba el virus del COVID-19.
Información denegada por Nicanor, rumbo a definirse ante la Justicia
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La directora del área de Investigación del Grupo Nación, Rossana Escobar, anunció que luego de la negativa por parte del director paraguayo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) de transparentar los datos de los gastos realizados en concepto de ayuda social y publicidad, este medio recurrirá a la Justicia.
Cabe recordar que varias instituciones ya respaldaron el pedido que fuera presentado por el periodista del equipo Jhojhanni Vega, afirmando que la hidroeléctrica debe dar la información.
“Increíble esto, considerando que estamos respaldados por una ley que es la de transparencia, que obliga a las instituciones públicas a poner a merced de los ciudadanos cualquier documento público”, expresó Escobar en comunicación con el programa Info+ del canal GEN. La periodista aseguró que “si no hay otro camino y no podemos acceder a la información, vamos a recurrir a la Justicia”.
Igualmente, recordó que la presencia de la binacional dentro del portal de Acceso la Información Pública parece ser meramente marketing, ya que Duarte Frutos se niega a cumplir la norma que le aplica. Escobar resaltó además que son más de US$ 70 millones lo que alcanzó transferir durante su administración Duarte Frutos en concepto de inversiones sociales a organizaciones civiles y gubernamentales.
Esta decisión de recurrir a estrados judiciales se da luego de que otra institución desbarató el argumento del director de Yacyretá, Nicanor Duarte Frutos, que dijo que necesitaba la aprobación del lado argentino para otorgar dichos datos y esto debía ser tramitado vía Cancillería. Esta triangulación que pretendía hacer Nicanor fue desmentida por el propio Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), que dijo mediante una nota de respuesta que la responsabilidad sobre los gastos de la EBY recaen enteramente sobre Duarte Frutos.
Igualmente, cabe recordar que el Ministerio de Justicia, como organismo encargado de velar el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública, ya dictaminó que la EBY debe entregar los datos. Aun así, el director de la margen derecha de la hidroeléctrica ignoró la postura del ente y decidió mantener en total secreto los gastos que ha realizado durante su administración.
ITAIPÚ NO TUVO PROBLEMA
En este sentido, es preciso resaltar que la propia Itaipú Binacional no ha tenido problemas en proveer la misma información solicitada a Yacyretá y sin necesidad de obligar a este medio a realizar el pedido a través de Cancillería. Esto no hace más que levantar las sospechas acerca de los datos que se guardan bajo un extremo secretismo por alguna razón desconocida.
En este punto hay que destacar que la ley también impone sanciones para los funcionarios que incumplan con la transparencia. En el art. 28 de la norma se establece que “el incumplimiento de los deberes y obligaciones dispuestos en la presente ley, por parte de funcionarios y empleados públicos, también será considerado como falta grave e incurrirán en responsabilidad administrativa, por lo que serán pasibles de las sanciones establecidas en la Ley N° 1626/00 “De la Función Pública” y en las disposiciones legales correspondientes”, es decir que son pasibles de sumarios y acciones judiciales.
Por otro lado, uno de los argumentos señalados por los especialistas del derecho que desbaratan la respuesta de la EBY deviene precisamente de la misma ley que sostiene que “solo se podrá negar la información pública requerida mediante resolución fundada, la que deberá ser dictada por la máxima autoridad de la fuente pública requerida, quien expresará los motivos de hecho y de derecho en que se basa la decisión”, algo que evidentemente no hizo Nicanor, ya que se escudó detrás de sus funcionarios.
Las cifras publicadas en el portal de la binacional revelan que durante la administración de Nicanor se repartieron más de US$ 70 millones en los últimos años a través de ayudas sociales a organizaciones civiles y gubernamentales, entre las que se encuentran gobernaciones y municipios. Estas cuantiosas sumas son manejadas con total discrecionalidad por el director paraguayo, que no transparenta los gastos.
Dictamen del Ministerio de Justicia dice que el director de Yacyretá debe proveer la información solicitada por La Nación.
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