La fiscal Norma Paredes presentó imputación en contra del veterinario Nicodemus Ruiz Díaz, acusado de matar a balazos a 36 perros a cambio de dinero en la estancia “Marca Trébol”, ubicada en Puerto Antequera, Presidentes Hayes, Chaco paraguayo, en febrero pasado.

“Se inicia el proceso penal, que permitirá obtener justicia en nombre de estos perros brutalmente heridos y asesinados a sangre fría, por quien juró proteger sus vidas. Al igual que los múltiples casos que llegan a esta Dirección Nacional, este deleznable caso, no quedará impune”, señaló el titular de la Dirección de Bienestar Animal, Juan Manuel Enciso.

Todo inició cuando pobladores de la zona denunciaron el brutal hecho que costó la vida de los canes y divulgaron fotografías donde se observa al menos 7 perros sin vida apilados en una zona boscosa. La imagen causó indignación en redes sociales.

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Luego, a principios de marzo, una comitiva fiscal allanó la estancia donde se produjo la matanza de 36 perros a balazos por parte del médico veterinario acusado de recibir dinero por matar a los animales.

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La fiscal Norma Paredes encabezó el procedimiento luego de recibir una denuncia formal por parte de la Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal. El caso se conoció tras la divulgación de fotografías de perros sin vida apilados en un pastizal.

Se constató el lugar exacto donde fueron enterrados varios cuerpos de los perros. Posteriormente, los restos de los animales fueron levantados por una veterinaria que realizó los estudios correspondientes.

Matanza a cambio de dinero

En aquella ocasión, Enciso señaló que supuestamente el veterinario recibió G. 150 mil a cambio de cada perro muerto y G. 300 mil por perra preñada muerta. Aseguró que este tomó fotografías para luego enviar a “su patrón” para “certificar” el pago a los dueños de la estancia que habrían ordenado la matanza. Grupos de animaleros también piden la imputación de los propietarios.

El supuesto responsable de la matanza de los animales es el administrador llamado Marcelo Barboza, encargado del predio, de acuerdo a la denuncia anónima que alertó el hecho. El denunciante aseguró que los perros que sobreviven a los disparos y quedan heridos luego son abandonados en el bosque.

No permitían perros entre los trabajadores

Entre los funcionarios de la estancia existía un documento que prohibía tener más de un perro por cada familia, además, expresa que los canes que no tienen dueños “serán eliminados”. Los trabajadores eran obligados a firmar y advertidos de que serán despedidos en caso de incumplimiento.

“Queda prohibido que los perros que tienen dueños acompañen al personal al campo, caso contrario, los perros serán eliminados y el personal notificado”, decía un escrito presentado por los denunciantes.

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Ley de Protección y Bienestar Animal

En septiembre del 2017 se promulgó la Ley 4840/13 de “Protección y Bienestar Animal”, que establece pautas de protección de los animales domésticos, silvestres y exóticos en cautividad. Según esta normativa, “toda persona está obligada a respetar y abstenerse de causar daño o lesión a cualquier animal”.

Esta ley es aplicable a animales domésticos, especialmente perros, gatos, y otros animales y establece una pena de dos años de cárcel a personas que, sin ningún motivo, matan a las mascotas domésticas o las maltratan física y psicológicamente.

Grupos de rescatistas de perros callejeros divulgaron la fotografía del veterinario acusado. Foto: Gentileza


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