Los fiscales de la Unidad de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia y Susy Riquelme, realizaron un allanamiento a la Facultad de Química de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), donde incautaron varios documentos en el marco de la investigación que se realiza por lesión de confianza, a raíz de la denuncia formulada por Fredy Insaurralde, director general de Relaciones Internacionales del Rectorado.

Actualmente, la decana de la Facultad de Química de la UNA es Zully Vera, quien semanas atrás fue denunciada por lesión de confianza tras publicaciones de una millonaria adjudicación a una empresa inhabilitada. En su momento, Vera, candidata a rectora de la alta casa de estudios, negó que haya sido así. Los agentes fiscales intervinientes procedieron a incautar dictámenes internos sobre la obras que denunciadas, así como también documentos del proceso licitatorio que no figuran en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Una vez que los fiscales analicen lo incautado, se sabrá si se procede o no a la imputación contra la actual decana de la Facultad de Química.

DENUNCIA

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De acuerdo al relato de la denuncia presentada ante la Fiscalía, la decana adjudicó G. 1.578 millones el 20 de noviembre del 2018 a la empresa Construcciones Rivas SA para la edificación del Bloque F de la facultad, que sería utilizado para laboratorios y aulas. El 2 de enero de este año fue entregada la suma de G. 448.000.000 (30% del total) en carácter de anticipo a la firma, que pertenece a José Rivas Martínez.

Dos días después, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) anuló dicha adjudicación y ordenó que se retrotraiga todo el proceso a la fase de evaluación de ofertas, debido a que la firma adjudicada estaba inhabilitada para operar en licitaciones públicas, además, había presentado la oferta más alta. Sin embargo, el 11 de febrero, haciendo caso omiso a la advertencia de la DNCP, adjudicó nuevamente G. 1.578 millones a la misma empresa. Por ello, Insaurralde denunció a la decana y solicitó al Ministerio Público que también sean investigados los miembros del Comité de Evaluación de la institución.

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