El pleno de la Corte Suprema de Justicia dispuso ayer la suspensión en el ejercicio de sus funciones –con el 50% de sus respectivas remuneraciones– de los miembros del Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Encarnación, los jueces Saturnino Fabián Iglesias Ojeda, Nelio Prieto Otazú y Blas Salvador Zorrilla.

Los magistrados son cuestionados por sobre todo, por la ínfima pena que aplicó en agosto pasado, al sacerdote de la Iglesia Católica, el presbítero Félix Miranda Gamarra, quien fue acusado y hallado culpable de un caso de abuso sexual de un adolescente de 14 años. Este caso se inició en octubre del 2016, cuando se presentó denuncia ante el Arzobispado de Asunción, según refieren los antecedentes.

Los magistrados fueron denunciados por mal desempeño de sus funciones por el defensor del Pueblo, Miguel Godoy, y días pasados, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados los enjuició. Según el Defensor del Pueblo, el colegiado desconoce la ley y se atribuyó funciones del Derecho Canónico, al prohibir al sacerdote el ejercicio del voto sacerdotal lo que es una cuestión meramente eclesial.

El Tribunal de Sentencia otorgó la irrisoria condena de 2 años, con la ventaja de la suspensión de la ejecución de la pena mediante el pago de la ínfima suma de G. 5.000.000 al hospital distrital de Encarnación. Al condenado también se le impuso que debe seguir tratamiento sicológico en el Poder Judicial y, además, tiene prohibido acercarse a la víctima y restricción hacia lugares donde concurren menores de edad.

PROTOCOLO

De acuerdo a la Provincia del Paraguay de la Congregación del Santísimo Redentor se ha seguido el protocolo de la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) y el de Religiosos del Paraguay (Conferpar). Estas normas establecen que el religioso sea apartado del cargo. “El provincial retiró inmediatamente al citado sacerdote de sus compromisos pastorales, que realizaba en ese entonces en la Diócesis de Encarnación, se lo apartó del contacto con menores”, según un comunicado.