El juez penal de Garantías Julián López ordenó la prisión preventiva por 15 días en el departamento Judicial de la Policía Nacional del funcionario judicial Rafael Ramírez, imputado por tráfico de influencias tras ser detenido recibiendo una coima de US$ 9.000 de los US$ 50.000 que debía ser entregado presuntamente a dos ministros de la Corte Suprema de Justicia, para sacar una resolución favorable a Felipe Nery Páez, quien reclamó a la Industria Nacional del Cemento (INC) la suma de US$ 40 millones.
El magistrado mencionó, en su resolución, que una vez que se cumplan los 15 días en la mencionada sede judicial, el imputado deberá pasar a guardar reclusión en la cárcel de Tacumbú. La determinación se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas llevada a cabo en el Palacio de Justicia. El Ministerio Público había solicitado la prisión de Ramírez Doldán.
El fiscal Piñánez refiere, en su acta de imputación, tener elementos suficientes para plantear la imputación y requerir la prisión preventiva de Ramírez Doldán. “Sostenemos que el hecho que estamos investigando es bastante grave, ya que sería un caso de corrupción, en el que se salpica nada más y nada menos que a un ministro de la Corte Suprema de Justicia”, señaló.
Ramírez Doldán se presentó como relator judicial y habría solicitado la suma de US$ 50.000 al denunciante Páez, a cambio de conseguir votos favorables de los ministros de la Sala Civil de la máxima instancia judicial. Durante el procedimiento, el ahora imputado recibió de parte de Páez US$ 9.000. Tras ser detenido, mencionó a varias personas, cuyo grado de participación se está analizando.
FALLO DE LA CORTE
La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia resolvió no hacer lugar a la demanda por indemnización de daños y perjuicios que promovió la firma Cal Agro SA, de Páez, contra la INC. Firmaron la resolución judicial los ministros José Torres Kirmser, quien fue el preopinante, y a su voto se adhirieron sus colegas, Miguel Óscar Bajac y César Garay Zuccolillo. Con esta resolución, la INC no pagará la suma de US$ 40 millones referida en el juicio civil.