La Fiscalía tiene 6 meses más de tiempo para investigar al contador Ignacio Urbieta, supuesto cerebro de la megaevasión de casi US$ 10 millones, y a María Rufina Zaracho. Así resolvió la Cámara de Apelación, integrada por los jueces Cristóbal Sánchez, Agustín Lovera Cañete y José Waldir Servín, al hacer lugar a la prórroga que solicitó el fiscal Nelson Ruiz.
Con la resolución del Tribunal de Alzada, la nueva fecha para que el Ministerio Público presente su requerimiento conclusivo es el 28 de diciembre de este año. Ese día, la Fiscalía deberá acusar y pedir juicio oral o solicitar el sobreseimiento provisional o definitivo.
Entre las diligencias que faltan realizar figuran pericias contables, caligráficas, documentológicas, a fin de determinar el movimiento comercial y contable realizado por los imputados y poder cuantificar el monto de las supuestas facturas utilizadas, así como la autenticidad o no de dichas facturas para determinar la responsabilidad de cada uno de los procesados. También existen varios oficios remitidos a instituciones públicas que están pendientes de contestación.
En el caso, el Ministerio Público solicitó el sobreseimiento provisional de unas 12 personas: Karaki Ali Mahmoud, Merhi Fouad Kamal, Marai Mohieddin, Samir Abdul Hussein Soueid, Zanir Jacob Centa, Said Sleiman, Ragda Ghattacs Abultaif, Yehia Aliomeiri, Tarif Mohamad, Saulo José da Silva Sousa, Juan Alonso Oxilia y Orlando Ezequiel Gauto Feltes. Los citados son propietarios de las firmas We Buy, Ponto Com, Ponto Com Megastore, Uni Shop, Company Group, Shine SA, Ferrari Cubiertas, Verona SRL, Pizzi, Servicios Generales, Service Life SA y Maya SA, según el Ministerio Público.
Ruiz basó su decisión en que se deben realizar pericias caligráficas, documentológicas y contables. Además, tuvo acceso a la carpeta de pesquisa fiscal recién tres días antes de cumplirse el plazo de acusación, fijado para el 14 de mayo.