La Fiscalía tiene 6 meses más de tiempo para investigar al contador Ignacio Urbieta, supuesto cerebro de la megaevasión de casi US$ 10 millones, y a María Rufina Zaracho. Así resolvió la Cámara de Apela­ción, integrada por los jueces Cristóbal Sánchez, Agustín Lovera Cañete y José Waldir Servín, al hacer lugar a la pró­rroga que solicitó el fiscal Nel­son Ruiz.

Con la resolución del Tri­bunal de Alzada, la nueva fecha para que el Ministerio Público presente su reque­rimiento conclusivo es el 28 de diciembre de este año. Ese día, la Fiscalía deberá acusar y pedir juicio oral o solicitar el sobreseimiento provisio­nal o definitivo.

Entre las diligencias que fal­tan realizar figuran pericias contables, caligráficas, docu­mentológicas, a fin de deter­minar el movimiento comer­cial y contable realizado por los imputados y poder cuan­tificar el monto de las supues­tas facturas utilizadas, así como la autenticidad o no de dichas facturas para deter­minar la responsabilidad de cada uno de los procesados. También existen varios ofi­cios remitidos a instituciones públicas que están pendien­tes de contestación.

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En el caso, el Ministerio Público solicitó el sobresei­miento provisional de unas 12 personas: Karaki Ali Mah­moud, Merhi Fouad Kamal, Marai Mohieddin, Samir Abdul Hussein Soueid, Zanir Jacob Centa, Said Sleiman, Ragda Ghattacs Abultaif, Yehia Aliomeiri, Tarif Moha­mad, Saulo José da Silva Sousa, Juan Alonso Oxilia y Orlando Ezequiel Gauto Feltes. Los citados son pro­pietarios de las firmas We Buy, Ponto Com, Ponto Com Megastore, Uni Shop, Com­pany Group, Shine SA, Ferrari Cubiertas, Verona SRL, Pizzi, Servicios Generales, Service Life SA y Maya SA, según el Ministerio Público.

Ruiz basó su decisión en que se deben realizar pericias caligráficas, documentoló­gicas y contables. Además, tuvo acceso a la carpeta de pesquisa fiscal recién tres días antes de cumplirse el plazo de acusación, fijado para el 14 de mayo.

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