El conocido empresario don Antonio J. Vierci, quien montó un gran imperio económico sobre serias sospechas de contra­bando y evasión de impues­tos, también estuvo involu­crado en un sonado caso de contrabando de azúcar en el 2014, cuando fue hallado en uno de los depósitos de su propiedad 160 toneladas de la citada mercadería de pro­cedencia irregular.

El hallazgo se produjo en marzo del 2014, luego de un trabajo de inteligencia de la Unidad Interinstitucional para la Prevención, Combate y Represión del Contrabando (UIC), liderada por el enton­ces viceministro de Comercio del Ministerio de Industria, Pablo Cuevas.

El operativo se montó tras el vuelco de un camión de azú­car en Pedro Juan Caballero, desde donde se hizo un tra­bajo de seguimiento al car­gamento de azúcar presumi­blemente de contrabando y se llegó a un depósito en Itau­guá, donde se encontró más de 160 toneladas de azúcar de procedencia irregular.

Según los antecedentes publicados en los medios de prensa, el cargamento fue decomisado el 10 de marzo del 2014 de los depósitos de las firmas AJ SA y Retail SA, ubicados en Itauguá, por un equipo conformado por agentes del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), de Aduanas y de la Policía contra Delitos Eco­nómicos ante la presunción de contrabando.

Sin embargo, el 31 de octu­bre del mismo año, el admi­nistrador aduanero de capi­tal, Carlos Alfredo Medina, firmó la Resolución N° 263 por la cual sobreseyó a las firmas Retail SA y AJ SA del Grupo Vierci, y responsa­bilizó a otras cinco empre­sas por el ingreso de esa cantidad de edulcorante. No obstante, el ente cali­ficó el ingreso de la merca­dería como contrabando, pero responsabilizó a cinco empresas más pequeñas del hecho.

En el documento se deja cons­tancia de que la representa­ción fiscal pidió que la situa­ción de la carga sea declarada en infracción aduanera de contrabando y que todas las empresas involucradas sean responsables de haber par­ticipado en el ingreso de este cargamento, incluyendo a las firmas de A.J. Vierci.

Sin embargo, el administra­dor Medina justifica su reso­lución en dos puntos funda­mentales: el informe de la SET –en el que se habla de que las facturas son lega­les–, lo que les valdría a estas empresas para considerarlas como “compradora de buena fe” y un acuerdo y sentencia de la Corte Suprema de Justi­cia, de mayo de este año, en el que Aduanas perdió un caso –similar al planteado en esta causa– por supuesto contra­bando, que le significó una millonaria pérdida.

Según Medina, este docu­mento de la Corte deja un precedente peligroso, por lo que prefiere “resguardar” el patrimonio de la Direc­ción de Aduanas ante accio­nes y recursos judiciales que podrían plantearse.

Los antecedentes del caso indican además que el propio Instituto Nacional de Tecno­logía y Normalización (INTN) realizó en abril del 2014 un informe técnico sobre el azú­car incautado. En dicho estu­dio, se demostró que el pro­ducto no fue elaborado por ingenio paraguayo debido a que contenía sustancias que están prohibidas en su fabri­cación en nuestro país.

Un año después de la incau­tación del cargamento de azúcar, en el 2015 el fis­cal Emilio Fúster declaró que se extravió la merca­dería de Vierci de los depó­sitos de la Administración Nacional de Navegación y Puertos, se presume que fue revendida.

“2.826 bolsas de azúcar fueron incautadas en su oportunidad (…) tuvimos la noticia de que se estaba sacando el azúcar de este lugar y nos encontramos con esta situación de que prác­ticamente solo encontramos 298 bolsas”, informó el fiscal Emilio Fúster en comunica­ción con la 650 AM, el 23 de febrero del 2015.

El agente fiscal detalló que se inició una investigación para identificar a las perso­nas responsables de la desa­parición del cargamento.

Un documento de contenido falso firmado por supuestos funcionarios de la Dirección de Aduanas fue utilizado para “respaldar” la entrega del cargamento de azúcar de contrabando.

“Encontramos también documentos que supuesta­mente respaldan la entrega, que fueron firmados por supuestos funcionarios de Aduanas sin el consen­timiento del Ministerio Público, pero al consultar al área de recursos humanos de esa dependencia (corro­boraron que) no los registran como funcionarios. Dudamos de la veracidad y la autenti­cidad de estos documentos”, sentenció.