Abogados, escribanos, ingenieros y licenciados en Ciencias de la Educación son algunos de los títulos de los grandes “expertos” que contrató el MOPC mediante un convenio; sin embargo, ocupan cargos administrativos y perciben salarios de hasta G. 13 millones.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@gruponacion.com.py
• Nadia Denis
• nadia.denis@gruponacion.com.py

De la mano de Jose­fina Romero, jefa de Gabinete del Minis­terio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), y a través del convenio con el Programa de las Nacio­nes Unidas para el Desa­rrollo (PNUD), la cartera de Obras, cuyo titular es Arnoldo Wiens, contrató a 244 expertos y especialistas.

Según Romero, el objetivo de estas contrataciones era “for­talecer” a la institución y para este fin se gastaron US$ 10,5 millones.

El equipo de investigación del Grupo Nación ha descubierto que entre estos 244 “expertos”, hay una lista de personas que cuentan con grandes títulos universitarios, pero que cum­plen funciones de asistente administrativo.

Algunos de ellos son gradua­dos de carreras que nada tienen que ver con las competencias de un asistente, o peor aún, con la cartera de Obras Públicas.

Tal es el caso de Cristina Veró­nica Battochi, licenciada en Ciencias de la Educación, y que fue contratada para el cargo de “asistente de distrito”, percibe en concepto de salario la suma de G. 5.200.000.

También se puede mencionar a María Silvia León Frutos, licen­ciada en Mercadotecnia, y que cumple funciones de “asis­tente técnico administrativo”, es recompensada con un jugoso sueldo de G. 7.300.000.

Uno de los casos más resaltan­tes es el de Sady Aracely Arce Núñez, porque a pesar de ser abogada, notaria y escribana pública, se conforma con un cargo de “asistente técnico administrativo”, y tal vez uno de los motivos por los que deci­dió quedarse con el puesto es porque recibe una remunera­ción de G. 7.000.000.

La lista de profesionales del derecho que se desempeñan como “asistente técnico admi­nistrativo” sigue con Guada­lupe Josefina González Sosa, quien no solo es abogada, sino que también es notaria pública. Su sueldo es de G. 7.000.000.

Otra abogada que se quedó con el cargo “asistente técnico administrativo” es Samanta Olazar Armoa, y se alza con G. 7.500.000 al mes. Daisy Beta­nia Correa Arévalos es licen­ciada en Administración de Empresas e ingeniera comer­cial; sin embargo, es asistente administrativa. Su sueldo es realmente envidiable para su cargo, pues asciende a G. 13.000.000.

Antonio Estefano Francisco Aquino fue contratado para el cargo de “apoyo administra­tivo”, esto a pesar de ser licen­ciado en Administración de Empresas. Su salario es lo más interesante, pues percibe la suma de G. 8.800.000.

Estos son algunos de los lla­mativos contratos que se rea­lizaron en la era Wiens, en los que los cargos parecen no tener mucha relevancia; sin embargo, se llevan apetecibles remune­raciones que están muy lejos de parecerse a los montos que se pagan en el sector privado por realizar la misma función.

También es importante resal­tar que, del total de contrata­dos, existe una cantidad ínfima de arquitectos, ingenieros, topógrafos, la mayoría son abogados o administradores, entre otros. Para dar una idea, en uno de los cinco componen­tes de este proyecto se incor­poró a solo dos ingenieros y a 20 abogados.

Sin embargo, a pesar de la lluvia de abogados y especialistas del derecho, el MOPC ha demos­trado una incapacidad para reali­zar llamados a licitaciones claros y transparentes, e incluso desde el gremio de ingenieros han afir­mado que esta es la gestión más mediocre de la cartera en los últi­mos 30 años, lo que deja a la vista el festín que se ha realizado con estos millones de dólares.

En la ambiciosa lista de contratos que hizo el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) aparece Víctor Raúl Benítez González, quien fue asesor de Mario Ferreiro cuando este estuvo en campaña electoral, así como también cuando asumió la Intendencia de Asunción en diciembre del 2015.

Incluso hay publicacio­nes periodísticas acerca de Víctor Benítez en las que se cuestiona el alto salario que percibía como asesor de Ferreiro, puesto que llegaba a la suma de G. 20.000.000.

Benítez ocupa actualmente el cargo de “especialista senior” y tiene como sala­rio la envidiable suma de G. 18.000.000.

Cabe resaltar que estas con­trataciones dentro del MOPC, a través del PNUD, se hicie­ron en el 2019, año en el que Mario Ferreiro renunció a su cargo de jefe comunal en la capital por estar involucrado en un caso de “caja paralela” en la municipalidad.

Ferreiro actualmente está procesado por coacción, coacción grave, tráfico de influencias y lesión de con­fianza, luego de que se filtra­ran conversiones en un grupo de Telegram llamado “Asado de fin de semana” en el que se coordinaban recaudaciones mediante contratos prove­nientes de licitaciones.

Víctor Benítez también es allegado a Efraín Alegre; incluso, el presidente del Par­tido Liberal Radical Autén­tico (PLRA) compartió en su red social Facebook cuando Benítez se afilió al partido.

Otro punto relevante es que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) cuenta con al menos 4.000 funciona­rios, y estos 244 contratos no forman parte de la planilla oficial de funcionarios de la cartera.

“Introducir herramientas ambientales de manera transversal en la planificación y ejecución de las obras para construir infraestruc­turas sustentables y resistentes”, dijo Josefina Romero, en una extensa reunión con una periodista de La Nación; sin embargo, estos tan anhelados objetivos no se han reflejado en las obras del MOPC, que carga a sus espaldas con puentes caídos, pasarelas de ñandutí, puentes de un solo carril y confusos llamados a licitación.