Jorge Torres Romero

La Unidad Especializada de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo del Ministerio Público allanó las oficinas de la Superintendencia de Bancos, ante la negativa del titular de esta dependencia del BCP, Hernán Colmán Rojas, de proveer información relacionada a las cuentas que tenía en el Banco Atlas el expresidente de la Conmebol Nicolás Leoz.

El exdirigente deportivo entregó al Banco Atlas, cuando ya tenía orden de captura internacional por lavado de dinero y otros delitos por parte de la justicia norteamericana, un poco más de US$ 6 millones en una operación de fideicomiso. A partir de una denuncia de las actuales autoridades de la Conmebol, en febrero de este año, la Fiscalía abrió una investigación sobre un presunto esquema de lavado de dinero que involucra al banco de la familia Zuccolillo y Nicolás Leoz.

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Miguel Ángel “Micky” Zaldívar, presidente del banco Atlas, y Natalia Zuccolillo, accionista de la entidad y directora del diario ABC Color. Foto: Gentileza.

De acuerdo con los informes a los cuales tuvimos acceso, por medio del oficio N° 32 de fecha 27 de mayo del 2021, la fiscala asignada a la Unidad de Delitos Económicos, Liliana Alcaraz Recalde, solicitó a la Superintendencia de Bancos, organismo dependiente del Banco Central del Paraguay (BCP), los siguientes informes:

1- La copia autenticada de la nota número 01600/2016, así como la respuesta brindada a la misma por parte del Banco Atlas.

2- La copia autenticada de notas y documentos remitidos por el Banco Atlas, referidos a la información sobre el origen de los fondos relacionados a Nicolás Leoz.

3- Las copias autenticadas y comunicaciones remitidas por el área de Supervisión en materia de Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento de Terrorismo al Banco Atlas, con relación a Nicolás Leoz, y las respuestas del Banco Atlas.

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El 1 de julio pasado, la Fiscalía reiteró a la Superintendencia de Bancos los pedidos formulados en el marco de la causa sobre lavado de dinero que involucra al Banco Atlas y al expresidente de la Conmebol, Nicolás Leoz. Foto: Gentileza.

Posteriormente, en fecha 7 de junio del corriente, por Nota SB.SO. W 00204/2021, el superintendente Hernán Colmán Rojas, así como el gerente de Análisis y Regulación, Jorge Daniel Jiménez, y el encargado de la Unidad Jurídica de esa institución, Aldo Javier Rodríguez, respondieron que no podían entregar la información que había solicitado el Ministerio Público porque esta se encuentra tutelada por el deber de secreto bancario, según lo establecido en el artículo 6° de la Ley Orgánica del BCP.

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Foto: Gentileza.

En su nota, los citados funcionarios señalaron que dicha restricción podía levantarse única y exclusivamente en los casos contemplados en el artículo 7° de la Ley Orgánica del BCP, entre los cuales no se encuentra contemplado al Ministerio Público o sus Agentes Fiscales.

Foto: Gentileza.

No obstante, refiere que también pueden entregarla cuando la información es requerida por una autoridad judicial competente en virtud de una resolución firme dictada en juicio.

Ante esta situación, los agentes fiscales remitieron una reiteración a su pedido, en fecha 1 de julio pasado; y en dicho documento, le recuerdan al superintendente y las autoridades del BCP que el Ministerio Público, como titular de la acción penal pública, se encuentra exceptuado por una ley especial, la Ley N° 5787/16 que modificó la Ley N° 861.

Además advirtieron por única vez que en caso de no contestar en el plazo señalado de 72 horas, el Ministerio Público “utilizará los mecanismos procesales previstos en la ley si la institución a su digno cargo persiste en su negativa a brindar las informaciones solicitadas en el contexto de la investigación penal por esta Unidad Especializada de Lavado de Dinero”.

La agente fiscal Liliana Alcaraz es quien lleva adelante la investigación de la denuncia presentada por la Conmebol por el supuesto hecho de lavado de dinero que habría realizado el exdirigente deportivo Nicolás Leoz mediante el Banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo.

Ante la negativa de la Superintendencia, la Fiscalía solicitó una orden de allanamiento con el argumento de que la postura del alto funcionario del BCP, Hernán Colmán Rojas, en nada contribuía al examen que Paraguay está rindiendo ante el Grupo de Acción Financiara de Latinoamérica (Gafilat), referente a la prevención y el combate de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

El juez interviniente aceptó el pedido del Ministerio Público y el martes último se procedió al allanamiento de las oficinas de la Superintendencia de Bancos, en donde se incautaron de una serie de documentos relacionados a la investigación. Por una cuestión investigativa, el fiscal no quiso hacer referencia al procedimiento, teniendo en cuenta que todavía quedan varias diligencias pendientes.

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Antecedentes del caso

El programa “La Caja Negra” (Unicanal) reveló el esquema utilizado por el Banco Atlas y Leoz tras acceder a un informe confidencial de auditoría que fue ordenada por la Conmebol. Según este documento, el Banco Atlas hizo caso omiso a las señales de alerta sobre Leoz y autorizó fideicomisos por más de G. 40 mil millones.

El 11 de febrero del 2016, Nicolás Leoz celebró con Banco Atlas un fideicomiso de administración de valores y fuente de pago. El expresidente de la Conmebol transfirió a la entidad financiera la propiedad de bienes representados inicialmente por valor de US$ 1.469.315 y G. 15.649.560.529 para que se conforme un patrimonio autónomo.

El mismo día Leoz celebró otro contrato de fideicomiso con el banco. A tal efecto, también transfirió a Atlas la propiedad de bienes representados inicialmente con CDAs por valor de US$ 691.475,56 y G. 7.364.965.521.

En conjunto, con ambos fideicomisos Leoz transfirió al Banco Atlas la suma de US$ 2.160.791, más la de G. 23.014.526.050, que equivalía aproximadamente a US$ 4.022.112 al cambio del día, que sumados totalizan la suma de US$ 6.182.903.

La constitución de estos fideicomisos se registró apenas a un mes y cuatro días después del registro del Ministerio Público a la sede de la Conmebol (el 7 de enero del 2016), donde Leoz estuvo como presidente durante más de dos décadas.

Los contratos se celebraron, además, luego de aproximadamente 8 meses y 10 días desde que un juez paraguayo haya solicitado la prisión domiciliaria del señor Nicolás Leoz.

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