En el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) se encuentran ges­tionando el pago de una “bonificación por entrega anticipada” de G. 8.600 millo­nes a la firma de Enrique Díaz Benza, ex suegro del presi­dente Mario Abdo Benítez. Sin embargo la obra culminó fuera del tiempo establecido en contrato original para el cobro de este beneficio.

Se trata de la pavimenta­ción de la ruta Santa Rosa del Aguaray-Capitán Bado, obra financiada con recur­sos provenientes del Fondo Financiero para el Desa­rrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata). El contrato había sido firmado por el ex minis­tro Enrique Salyn Buzar­quis y EDB Construcciones, empresa familiar de la ex esposa del presidente Abdo Benítez, gerenciada por José Díaz Benza, ex cuñado del mandatario.

Inicialmente, la obra estaba cotizada en G. 143.537 millones, cifra que trepó a G. 186.281 millones, entre ampliaciones y reajuste de precios.

El pliego de bases y con­diciones del contrato ori­ginal establece que si la empresa entregaba el tra­bajo en el plazo de 900 días a partir de la orden de ini­cio corresponde una “boni­ficación por entrega antici­pada de la obra”. La fecha original de terminación era el 22 de agosto del 2015. Sin embargo, la obra culminó el 21 de noviembre del 2017 y, según el memorándum de la Unidad Ejecutora de Proyec­tos del MOPC, se duplicó el plazo de entrega, extendién­dose a 1.839 días.

Entregaron la obra dos años más tarde de lo establecido en contrato original, pero en el MOPC busca a toda costa pagar una bonificación por “entrega anticipada” a la firma del ex suegro del Pre­sidente.

Se firmaron 4 convenios modificatorios para exten­der los plazos de termina­ción de la obra y la entrega tardó el doble de tiempo. Sin embargo, para el director jurídico del MOPC, Miguel Marín Bestard, corres­ponde el “pago de bonifi­cación por entrega antici­pada de la obra, en razón de que la misma ha sido culmi­nada antes de la fecha pre­vista para la terminación de las obras, atendiendo tanto las condiciones propias del contrato como los convenios modificatorios”, reza su dic­tamen firmado el 5 de octu­bre pasado.

Según los documentos inter­nos del MOPC, asciende a G. 8.610.891.246 el monto con el que está a punto de favore­cerse la empresa familiar de la ex esposa del mandatario.

El director jurídico del MOPC, quien dictaminó a favor del pago, se llamó a un riguroso silencio. Aten­dió una primera llamada y nos dijo que nos comuni­quemos de vuelta en media hora, pero ya no respondió. Tampoco contestó nuestros mensajes vía WhatsApp.

También llamamos al vice­ministro de Obras, Ignacio Gómez, quien vía WhatsApp escribió: “No le puedo aten­der porque estoy ocupado”. Consultó sobre el tema y derivó de nuevo al abogado Marín.

Por su parte, el viceminis­tro de finanzas Carlino Velázquez dijo: “Ni idea tengo, 225 contratos tene­mos”, y señaló que se puede consultar sobre el caso con el viceministro de Obras, Ignacio Gómez, quien pre­cisamente es otro que se excusó de responder.