Un verdadero ejército de abogados y escribanos se puso "firme" para brindar sus servicios profesionales en la defensa de los jóvenes incendiarios en la noche del 31 de marzo del 2017.

Los "patrióticos" discursos por la causa de los jóvenes liberales procesados por la quema del Congreso Nacional, esgrimidos por Guillermo Duarte Cacavelos y Kattya González durante los violentos eventos del 31M, no impidie­ron que los abogados, que finalmente se convirtieron en candidatos a una curul en el Congreso, "perdonen" la fac­turación al PLRA.

La candidata a diputada por el Partido Encuentro Nacional (PEN) Kattya González ejerció la defensa del chofer de Efraín Alegre, Luis Osvaldo Sánchez. Por esta gestión "patrióticamente" facturó al PLRA más de G. 27 millones y medio de guaraníes (casi US$ 5 mil).

Asimismo, el ex candidato al Senado por el Partido Democrático Progresista (PDP), abogado Guillermo Duarte Caca­velos, defensor en casos personales de Efraín Alegre y en la querella adhesiva de la causa contra el suboficial Gustavo Florentín, por supuesto homicidio doloso, también le facturó "patrióticamente" al liberalismo US$ 60.500 (un poco más de G. 335 millones), por las tres causas que atiende el ex candidato de la senadora Desirée Masi.

LEY Nº 834/96 – CÓDIGO ELECTORAL PARAGUAYO

Artículo 277. Se consideran gastos electorales los que realicen los partidos, movimientos políticos y alianzas participantes en las elecciones, desde sesenta días antes hasta el día de celebración de las elec­ciones y que versen sobre: a. propaganda y publicidad, directa o indirectamente dirigidas a promover el voto a sus candidaturas, sea cual fuere la forma y el medio utilizado; b. alquiler de locales para la cele­bración de actos de la campaña electoral; c. remuneraciones del personal que presta servicios para las candidaturas; d. gastos de transporte y desplazamiento de los candidatos, dirigentes de los partidos, movimientos políticos y alianzas que propician candidaturas y del personal afectado a tales servicios; e. correspondencia, franqueo y servicios telegráficos, telefónicos y otros que utilicen la red nacional de tele­comunicaciones; f. los necesarios para la organización y funcionamiento de la campaña hasta la percep­ción de la subvención estatal.

LEY 4.733/12 "QUE REGULA EL FINANCIAMIENTO POLÍTICO"

Art. 70. Los partidos políticos tendrán derecho, además del subsidio electoral, a los aportes anuales que el Estado les asigne, de conformidad con este Código, los cuales deberán ser destinados a actividades de: a) formación de ciudadanos en general en el conocimiento de sus programas, propuestas, principios y valores; b) capacitación de simpatizantes y afiliados en la adquisición de habilidades y destrezas para el desempeño de funciones vinculadas a los fines y objetivos de los partidos políticos; c) investigación de la realidad nacional, no siendo considerada como tal las encuestas de intención de voto; y, d) funciona­miento ordinario del partido para solventar sus necesidades operativas y administrativas, no siendo con­sideradas como tal los gastos para solventar actividades y publicidad electoral. Para el financiamiento de las actividades descriptas en los incisos a), b) y c), deberán destinar no menos de treinta por ciento (30%) de lo que reciban en concepto de aporte estatal.

Basilisa Vázquez, liberal y abogada litigante en la demanda entablada por el senador Fernando Silva Facetti, realizó reveladoras declaraciones.

El subsidio electoral y aportes anuales que entrega el Estado al Partido Liberal Radical Autén­tico (PLRA) financiaron todo el operativo anterior y posterior de la "Operación Molotov", lide­rada por el candidato presiden­cial por la alianza Ganar, Efraín Alegre, indicó Basilisa Vázquez, dirigente liberal y abogada liti­gante en la demanda entablada por el senador liberal Fernando Silva Facetti.

"Ellos (los imputados Efraín Alegre y Salyn Buzarquis) mani­fiestan que ese dinero se usó en la lucha contra el intento de vio­lación de la Constitución, pero la ley no establece que se puede realizar ese gasto", señaló Váz­quez en diálogo con Radio Uno.

En otro momento del diálogo, Basilisa Vázquez confirma que ese dinero también se utilizó para la fabricación de bombas molotov. El periodista le pre­guntó a la dirigente liberal sobre el hecho de que en las facturas que viene revelando el diario La Nación se encuentran el pago de pasajes aéreos, vitaminaspara el pelo y uñas, y la compra de casi 100 litros de alcohol, a lo que la dirigente liberal aclaró que eso fue para la fabricación de las "bombas molotov y hasta para comer paella".

Los partidos políticos en Paraguay, aclaró la diri­gente liberal, subsisten por el aporte y subsidio que entrega el Estado, que son recursos que provienen del dinero que la ciudadanía paga en con­cepto de impuestos.

Agregó que es muy poco el monto de los fondos propios que genera el PLRA porque estos provienen de un por­centaje que se descuenta de los salarios de los afiliados que ocupan cargos electivos, como senadores, diputados o miembros de las juntas muni­cipales.

Recordó que en la causa enta­blada contra el presidente del Partido Liberal, Efraín Ale­gre, y el tesorero de la agrupación, Salyn Buzarquis, por lesión de confianza, solo están pidiendo transparencia en el uso de los recursos, así como la devolución de aque­llos dineros que fueron utili­zados por fuera de lo que esta­blecen la Ley Nº 834/96, del Código Electoral Paraguayo, y la Ley 4.733/12, que regula el financiamiento político.

"El Partido no tiene fondos; estamos haciendo présta­mos para solventar las elec­ciones generales. Se les pide que cumplan la ley y no se vic­timicen diciendo que es una persecución política cuando se les pide que rindan cuentas del dinero del partido", fina­lizó Basilisa Vázquez. ­

No se investigaron las conexiones de instigadores e incendiarios en el caso de la quema del Congreso Nacional.

La investigación sobre la quema del Congreso está paralizada por las campañas mediáticas y chicanas jurídi­cas, indicó el abogado Juan Sosa Bareiro, quien lleva ade­lante la querella en repre­sentación de los parlamen­tarios, cuyas oficinas fueron incendiadas en el Congreso Nacional durante los violen­tos hechos del pasado 31 de marzo del 2017 (31M).

Juan Sosa Bareiro aseguró que está probada en el expe­diente judicial con grabacio­nes, videos, documentos y testigos la flagrante partici­pación de actores políticos con intereses dañinos destinados a generar disturbios contra­tando a barrasbravas.

Lamentó que la investigación para determinar los respon­sables del incendio del Con­greso Nacional esté total­mente paralizada por causa de las permanentes y abun­dantes dilaciones presentadas en el proceso por los defenso­res de los actores políticos que están siendo acusados.

"Ante la flagrancia de las pruebas en el expediente recurrieron (políticos del PLRA) a una campaña mediá­tica para tratar de desinfor­mar a la ciudadanía, pre­sentando elementos que no existían en el expediente y minimizando las actuacio­nes de los actores políticos. Por un lado, pasaron queján­dose de la justicia y, por otro, chicaneando para evitar que realmente se llegue a saber qué pasó ese día", puntualizó Bareiro.

Los incidentes presentados en el proceso, destinados a frenar la investigación del incendio del Congreso Nacional, fueron abundantes, dijo Sosa Bareiro, porque los mismos abogados de la defensa liberal están implicados en el "tráfico de mediatización para encubrir a los responsables". De esta manera, buscan impedir el siguiente paso en el proceso, la audiencia preliminar.