Hace apenas cuatro meses, a las 13:25 del día 22 de setiembre del 2022, un sicario de la frontera paraguayo-brasileña asesinaba a tiros frente a la emisora en que trabajaba al periodista Humberto Coronel, en Pedro Juan Caballero. El efectivo policial que debía montar guardia en el lugar se encontraba en otro sitio cercano y eso facilitó la ejecución del trabajador de la comunicación, que ya había sido amenazado con anterioridad, igual que otro de sus compañeros. Ese hecho hizo recordar aquella fatídica jornada del 26 de abril de 1991, Día del Periodista, el atentado contra Santiago Leguizamón, en la misma ciudad, ocasión en que mataron a un primer periodista conocido en la historia reciente. Leguizamón también había recibido amenazas de los bandidos de la frontera por algunas publicaciones realizadas en aquel entonces.
La recordación viene a cuento de las intimidaciones que están recibiendo últimamente algunos trabajadores de la comunicación de medios de parte de gente vinculada al delito que está molesta por la divulgación de ciertas informaciones. Y señalar que la tarea de informar es una de las más riesgosas del mundo. Debido a ello los comunicadores están entre los que han sufrido más ataques a su seguridad, en muchos casos con el irremediable saldo de la muerte. Lo cual autoriza a afirmar que el periodista siempre está en peligro por el solo hecho de tocar algunos temas que molestan a los malhechores de los más diversos signos. Lastimosamente, en nuestro país no hay suficiente conciencia de esta situación, por lo que habitualmente los comunicadores no reciben ninguna o muy escasa protección.
Con motivo de las amenazas recibidas recientemente por la emisora de la Universidad Católica, radio Cáritas, el arzobispo de Asunción, cardenal Adalberto Martínez, señaló que las intimidaciones son una cuestión delicada, y que las autoridades nacionales deben resguardar la seguridad de las personas afectadas por este peligro. “Es un hecho grave y punible que debe ser debidamente investigado por las autoridades competentes para resguardar la seguridad e integridad de las personas afectadas”, expresó el arzobispo. Hasta ahora no se tiene información suficiente sobre la actuación de las autoridades en este caso concreto.
Hasta el 2022, las denuncias realizadas por las amenazas recibidas han quedado sin la debida investigación y sin ningún castigo. Así indican informes provenientes de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), la entidad que procesa dicho tipo de acusaciones. Lo peor es que, a pesar de constituir hechos de suma gravedad, las instituciones y menos las autoridades competentes en la materia no se preocupan ni actúan para disminuir los riesgos que corren los trabajadores de la comunicación por las amenazas recibidas.
Aparte del peligro físico que entrañan las campañas de intimidación contra los exponentes de la comunicación y su seguridad, hay que consignar que las amenazas van contra los derechos de la libertad de prensa y expresión consagrados por el artículo 26 de la Constitución Nacional. La ciudadanía tiene el derecho de recibir suficiente información sobre los más diversos asuntos de su interés. En torno a este punto, la Carta Magna consigna en el artículo 28: “Se reconoce el derecho de las personas a recibir información veraz, responsable y ecuánime”, así como establece la libertad del ejercicio del periodismo en cualquiera de sus formas, que es libre y no está sujeto a autorización previa.
Otra de las grandes falencias del gobierno actual es que no se preocupa del tema de la seguridad de los comunicadores, y solo actúa cuando se le reclama algún caso concreto.
Las autoridades nacionales deben tener presente que la libertad de prensa es una de las más importantes instituciones de cualquier sociedad democrática. Por lo que no pueden dejar de proteger la seguridad de los trabajadores y las entidades dedicadas a la comunicación. No hace falta que asesinen a otro comunicador para que tomen conciencia de los peligros que conlleva esta situación.
Resguardar la seguridad de los medios de comunicación y de los trabajadores de la prensa es el único método que puede garantizar con efectividad la libertad de prensa y expresión. Cualquier intimidación, persecución o ataque es inaceptable, por constituir un atentado contra uno de los valores más preciados de una sociedad libre y democrática.