El reciente pedido de audito­ría integral a la gestión del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, aprobado por la Comisión Permanente del Congreso, es una resolución que surge ante el inmi­nente blanqueo que se prevé a la serie de irregularidades trascendidas, gracias al brazo caído de la Justicia, principalmente del Ministerio Público.

Desde aquel aparatoso allanamiento que había realizado en abril del 2020, el fiscal regional Manuel Rojas al pequeño kiosco Tía Chela, proveedor adjudicado nada menos que con G. 2.949 millones en con­trato de suministro de alimentos, no hay novedades en cuanto a avances de la causa que prácticamente murió con el tras­lado a la capital y a cargo del agente Juan Ledezma.

Las versiones hablan de una poderosa mano con fuertes vínculos en el Minis­terio Público en el blindaje a Prieto, cuya gestión está minada de denuncias. Al parecer, la hipótesis no es muy desacer­tada, considerando el avance casi nulo de la investigación en la Unidad de Delitos Económicos.

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La Contraloría General de la República (CGR) reaccionó cuando nuestro medio evidenció malos manejos en los primeros reportes realizados por funcionarios de esta institución quienes, por el contra­rio, indicaron maravillas de la gestión de Prieto en las compras de alimentos covid. El ente de control abrió una auditoría y confirmó el amaño en licitaciones por la emergencia, así como otro que es el caso de la adquisición de clínica móvil denun­ciada como mau.

Todos los informes de los hallazgos de la Contraloría fueron remitidos ya hace meses al fiscal que tiene la causa. Uno de los datos más fuertes que resultaron del análisis es la ausencia de las notas de remisión que avalen la entrega total de los 25.000 kits de alimentos y que de no res­paldarse implicaría un daño patrimonial. Sin embargo, este informe, así como los demás que guardan relación con Tributa­ción y en los que se evidencian cadenas de intermediarios de diversos rubros inexpli­cables en una compra de alimentos siguen sin cerrar su circuito en el ámbito penal.

Y mientras siguen apareciendo denun­cias, que hasta ahora suman 19 casos de supuestas irregularidades, el intendente reelecto con sus aliados políticos favo­recidos, nombrados incluso en audios de fuertes conversaciones de posibles esque­mas de coimas en la construcción de la Costanera, se instalaron como autori­dades en la municipalidad de Ciudad del Este.

El caso Prieto es imposible de defender en lo administrativo, es una gestión que cae a pedazos de tantos destrozos, principal­mente por los negociados en pandemia. Lo único que lo sostiene son los oscuros padrinazgos y algunos políticos oportu­nistas que intentan apoyarlo desviando la atención con denuncias a otros sectores.

Por ello es muy importante el manifiesto de la comisión permanente. Es momento que las entidades de control y anticorrup­ción comiencen la tarea que les corres­ponde, ya no hay excusas, es simplemente ejercer la función para concluir sobre todo lo trascendido.

El Ejecutivo dará seguramente su visto bueno para que la auditoría dependiente de este poder proceda a revisar los pape­les. Sin embargo, ya existen sobrados ele­mentos que condenan a Prieto.

Quedó firmemente probado que en su administración aprovecharon las com­pras covid de alimentos para el negocio de los amigos. Amañaron procesos licitato­rios con dos clanes familiares al punto de meter en la jugada a un humilde construc­tor de pozo artesiano sin stock de un solo kilo de los 50 mil kilogramos de harina que figura vendiendo a la municipalidad de Ciudad del Este.

El Ministerio Público debe animarse a proseguir con la causa, antes de que más instituciones dejen en evidencia su inac­ción de dos años.

Ya no se puede seguir perdonando a fun­cionarios y administradores que abusa­ron de su poder para favorecerse en una situación tan delicada como la pandemia del covid, que en estos momentos vuelve a amenazar la vida de nuestra gente.

La Fiscalía debe actuar con celeridad como en los sonados casos perseguidos por las grandes ligas de grupos de medios tradicionales con políticos aprovechado­res de turno, mal llamados del cambio y la oposición.

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