Hace una semana el Gobierno dio a conocer su plan de reac­tivación económica con el propósito de levantar al país de la postración causada por la pandemia. La propuesta pretende fuertes inversio­nes públicas para la creación de empleos, ayuda económica para los sectores más necesitados y apoyo a organismos públi­cos para que puedan dar créditos al sector privado. Prevé la contratación de nuevas deudas para financiar algunos proyectos, con lo que se terminará endeudando más que los 1.600 millones de dólares autoriza­dos por la Ley de Emergencia. Se superaría este año la contratación de 2.000 millones de dólares en total.

Es destacable la buena intención demos­trada por el Gobierno con su propuesta y son plausibles las medidas anunciadas para tratar de recuperar al país. Aunque el plan tiene algunas falencias que tendrían que remediarse para hacer posible que el país se levante de veras con las propuestas. Como toda obra humana, el proyecto del Ejecutivo es perfectible y debe mejorarlo. Además tiene que afinar su capacidad de gestión, que es una de las críticas que se le ha hecho.

Esta administración no debe fracasar en su proyecto de reactivar la economía y levantar a la nación. En esa tarea debe bus­car la colaboración de las personas más lúcidas y capaces, sin importar banderías políticas o posturas ideológicas. Debe con­tar con los mejores elementos humanos y técnicos para asegurar la concreción de la ansiada reactivación.

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Para recuperar al Paraguay, el Gobierno debe tener la sabiduría de escuchar las crí­ticas razonables que hacen los entendidos, discutir qué conviene más a los intereses del país, hacer las correcciones necesarias y rectificar el rumbo de su política para mejorar su gestión. Para alcanzar el éxito no basta solo con la buena voluntad.

Entre las observaciones que se han hecho a su proyecto de recuperación, se ha señalado que el Gobierno va a aumen­tar aún más la deuda, sin contemplar de dónde saldrán los recursos para pagar su pasivo cada vez más elevado, ya que no se recomienda seguir prestando dinero para cumplir con el pago de la deuda. Y, por otro lado, si no toma prestados, no tiene de dónde obtener más recursos.

Como no hay otra alternativa que endeu­darse, se ha indicado que estamos arri­bando peligrosamente a un punto deli­cado, pues no se trata de que nuestro endeudamiento llegue al 30% del producto interno bruto (PIB) como sucedió a fines de mayo, sino de que nuestra capacidad de pago es muy limitada, pues la presión tri­butaria es solo del 10%. Si no recaudamos lo suficiente para pagar nuestra deuda no podremos cubrirla sin prestar dinero para ello, como de hecho ya está ocurriendo. De los 1.600 millones de dólares que se con­siguieron para la emergencia, 77 millones de dólares se usaron para el servicio de la deuda pública.

Algunos especialistas han señalado que el Gobierno, aparte de hacer un fuerte aho­rro de sus gastos, se verá obligado a rea­lizar una reforma tributaria que impli­cará necesariamente aumentar algunos impuestos. Hay fuertes dudas sobre la capacidad de ahorro del Estado, porque la mayor parte de sus gastos son salarios para los empleados estatales: policías, militares, docentes y funcionarios de la gran burocracia existente. Por sus reper­cusiones sociales y políticas, es impensa­ble que el Gobierno recorte fuertemente los salarios o despida a su gente.

El aumento de las recaudaciones tribu­tarias es otra de las alternativas. Pero teniendo en cuenta la escasa capacidad del aparato estatal de elevar sus ingresos con los impuestos existentes, no habría otra alternativa que plantear algunos incre­mentos en ciertos tributos, aunque no sea lo más recomendable. Esto conside­rando que los aumentos previstos en la ley de reforma tributaria que se aplica desde enero último no podrían elevar las recau­daciones por encima del 2%, según los ana­listas.

Un significativo incremento en los ingre­sos del Estado es imprescindible y urgente para recuperar al país. No solo para pagar la deuda, sino para hacer frente a las inver­siones sociales que se necesitan para enca­rar la pandemia. Todo indica que teniendo en cuenta el panorama actual, el Gobierno se verá obligado a aplicar, en el corto o mediano plazo, algunos aumentos de impuestos. Otro precio más que se deberá pagar por la pandemia.

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