El terrible ataque del COVID-19 en todo el mundo ha encon­trado a nuestro país alerta y las autoridades hicieron con prontitud lo más recomendable para proteger a la población, el aislamiento de la gente. Aparte de las decisiones de protección y otras medidas sanitarias que se han tomado en forma oportuna, el impacto indirecto que tendrá la pan­demia se traducirá en un fuerte golpe a la vida económica del país que castigará duro a los más vulnerables. Además del mal año que se tuvo en el 2019 sin ningún crecimiento, la nueva situación plan­teada hace que se tenga que encarar con urgencia una respuesta de emergencia económica y social.

Luego de la cuarentena, las medidas de contención, el cierre de las fronteras para hacer efectivo el distanciamiento de personas, urge ahora encarar la situa­ción económica porque las medidas apuntadas están reduciendo la actividad económica y ponen en peligro miles de empleos. Los hoteles, el turismo, los ser­vicios, el transporte, la industria manu­facturera, ya están siendo afectados en estos momentos. Incluso, hay trabaja­dores despedidos y contratos de trabajo suspendidos. La salud está primero, pero no se puede descuidar la vida que implica trabajar y producir.

Para enfrentar el problema económico ocasionado por las medidas sanitarias, se han tomado diversas acciones como la flexibilización del pago de cuotas de créditos en bancos y financieras, el apla­zamiento de los vencimientos por un tiempo prudencial, la próxima entrega de kits de mercaderías de subsistencia para los trabajadores que quedan sin sustento, el pago doble de la ayuda monetaria a los sectores más vulnerables. Pero esas decisiones paliativas no bastan porque el aparato económico está siendo muy amenazado.

El Gobierno preparó un proyecto de ley que envió al Congreso para hacer frente a la emergencia económica, que se espera sea sancionado esta semana. En ese documento hará falta incluir no solo los asuntos de la contingencia, sino también los temas que deberá enfrentar el país después de la emergencia actual.

Analistas de diversos sectores han seña­lado la necesidad de asegurar mediante esa ley la liquidez financiera para que haya dinero para proveedores, medianas y pequeñas empresas, sectores menos preparados.

En materia de salud, se ha sugerido que, aparte de los recursos previstos en el pre­supuesto estatal, se obtenga más dinero de las binacionales, se hagan reprogra­maciones presupuestarias, se consigan préstamos del exterior y adelantos de pagos de Brasil por energía de Itaipú.

También resaltaron la necesidad de faci­litar el consumo a los sectores que viven de su trabajo cotidiano, que represen­tan alrededor del 60% de la población. Se ha propuesto postergar por seis meses el pago de cuotas de viviendas popula­res para alivianar la carga a la población afectada.

Varios expertos han destacado que esta situación de emergencia pone de resalto la escasa posibilidad financiera del Estado para hacer frente a situacio­nes como la planteada porque su pre­sión tributaria es de solo alrededor del 10% del Producto Interno Bruto (PIB). Por ello no creen conveniente que el Gobierno distienda el cobro de ciertos impuestos, como el IVA, Iracis, Iragro, porque con ello hará más duro el déficit y lo dejará sin recursos para atender los requerimientos cada vez más crecientes. Incluso, algunos han planteado la nece­sidad de establecer una retención del 5% a las exportaciones de soja que está con buena producción y una cotización del dólar en alza. Obviamente, todo lo que sea aumentar impuestos no caerá bien. Pero más tarde o temprano el Gobierno tendrá que conseguir más recursos genuinos para no empeorar el déficit y echar por tierra el equilibrio macroeco­nómico trabajosamente conseguido. No se puede seguir pidiendo créditos sin aumentar las recaudaciones.

Estamos en la tercera semana de los cui­dados dispuestos por el Gobierno para proteger a la población. Se tiene un creci­miento de contagios relativamente bajo y la pandemia no se extiende con rapidez en el país. Es necesario que el Congreso estudie con urgencia el proyecto de ley originado en el Poder Ejecutivo y se con­templen las medidas para salvar la emer­gencia del momento, abarcando todas las áreas de la vida nacional. Sin olvidar la inclusión de las disposiciones que ayuden a la crítica situación económica que ya está comenzando y que podría empeorar.