La Comisión Bicameral de Presupuesto (CBP) concluyó el estudio de los ingresos y egresos estatales para el 2020 y dictaminó un monto levemente inferior al presentado por el Poder Ejecutivo. La actitud de la mencionada comisión cayó muy bien porque en vez de autorizar aumentos que no tienen con qué solventarse, como solía ocurrir, en esta ocasión realizó recortes y modificaciones para ahorrar recursos, por lo que el proyecto propone gastar un poco menos de lo que se había previsto en los cálculos previos. Una actuación sensata y plausible por donde se la mire.
El documento pasó a la Cámara de Diputados, que deberá estudiarlo y aprobarlo para que después haga lo propio la Cámara de Senadores. El país aguarda que ambas cámaras legislativas actúen con la sabiduría que ha demostrado la comisión bicameral, compuesta justamente por diputados y senadores, para que el presupuesto estatal para el año venidero no aumente los gastos corrientes.
El proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el 2020 remitido por el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo preveía erogaciones por 86,3 billones de guaraníes, cifra que la comisión bicameral redujo a 86,2 billones de guaraníes. El ahorro representa 60.000 millones de nuestra moneda. El organismo bicameral excluyó los pedidos de aumentos salariales para la Ande, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía. Con respecto al alza salarial para el Ministerio de Educación y Ciencias también se dejó de lado el pedido de que el incremento para docentes rija desde abril, con lo que el aumento se hará a partir del segundo semestre.
De acuerdo con el documento conocido el miércoles último, las partidas presupuestarias que se recortaron son las remuneraciones extraordinarias, con 6% de disminución; las remuneraciones adicionales, con 9%; las bonificaciones y gratificaciones, con 2%. Otras reducciones se hicieron en la participación del cobro de multas en el Ministerio de Hacienda, que se bajó en 50%, y los gastos reservados, que se disminuyeron en 7%.
Los pedidos de aumentos que hicieron los ministerios y otros organismos públicos a la Comisión Bicameral de Presupuesto ascendían a 3,8 billones de guaraníes (unos 647,3 millones de dólares), que no estaban previstos en el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso. El 90% de esos pedidos de incrementos era para salarios de los funcionarios del Estado, según la interpretación del Ministerio de Hacienda, por lo que el rechazo del organismo legislativo representa un gran alivio para el Gobierno, que no tiene fondos genuinos para hacer frente a esos incrementos, teniendo en cuenta la caída de las recaudaciones.
Las cámaras legislativas tienen tiempo hasta el 20 de diciembre para analizar el proyecto de ley y no se descarta que tanto en Diputados como en Senadores los legisladores introduzcan los aumentos que han sido desestimados por la Comisión Bicameral de Presupuesto. La inclusión de modificaciones para subas salariales destinadas a la clientela política suele ser la conducta habitual en cada una de las dos cámaras, por lo que es muy probable que en esta ocasión actúen de igual modo. El año pasado, por ejemplo, introdujeron incrementos salariales para 2.300 funcionarios a contramano de lo previsto en el proyecto inicial y de forma tan furtiva, que solamente después del segundo mes de este año lectivo el Ministerio de Hacienda se percató. El alza salarial para esos empleados públicos no ha podido excluirse del presupuesto estatal porque está en la ley vigente y solo puede derogarse con otra ley, que hasta hace poco no se ha podido sancionar.
Esta es solo una pauta de lo que podría volver a darse en el estudio del proyecto de ley si los legisladores no se disciplinan y respetan lo dictaminado por la bicameral. Porque muchos de ellos creen que el tener la potestad de modificar el proyecto de ley les autoriza a cometer disparates que al final perjudican al país y solo benefician a unos pocos politiqueros.
La Cámara de Diputados y la de Senadores deben respetar los recortes establecidos en el dictamen de la Comisión Bicameral de Presupuesto y mantener los números para no perjudicar las finanzas públicas, que ya están enfermas de exceso de gastos e ingresos insuficientes.