El estudio y la aprobación del Presupuesto del Estado para el año entrante son otros de los grandes retos que tiene ahora la clase política para demostrar su patriotismo y no contaminar las finanzas públicas con más carga para el contribuyente. Lo que tiene que hacer el Congreso es colaborar para que aumenten los ingresos fiscales y disminuyan las erogaciones improductivas que hacen crecer cada año el déficit público y ponen en peligro la estabilidad macroeconómica, que es uno de los principales logros conseguidos en los últimos años.
Nadie puede discutir que los legisladores tienen la potestad que les da la Constitución de analizar y aprobar cada año el Presupuesto General de la Nación. Lo que no les da derecho a hacer trizas los propósitos de austeridad y equilibrio necesarios para la buena marcha del país para ayudar a su clientela política, como han venido haciendo sistemáticamente.
Está aún muy reciente el recuerdo de lo que se hizo en el Congreso con la Ley de Presupuesto vigente, cuando durante su estudio el año pasado incluyeron aumentos salariales, sin seguir los procedimientos reglados por las normas, para 2.163 funcionarios de diversas reparticiones estatales. Además de otra alza para empleados de la Cámara de Diputados que también fueron favorecidos con incrementos indebidos. Con eso no solo no disminuyeron los gastos estatales como se recomendaba, sino que los aumentaron en gastos fijos que el poder administrador no puede dejar de pagar.
Con esos hechos que son de dominio público y otros que se han denunciado, los legisladores han demostrado que muchos de ellos no son confiables cuando meten la mano en las finanzas públicas.
Señalar estos acontecimientos reales y consignar los riesgos que acarrean al Estado no es una crítica sin sentido ni una falta de respeto a los legisladores. Se trata más bien de un acto de honestidad intelectual que tiene como propósito alertar sobre los peligros de ciertos procedimientos que pueden poner en jaque la estabilidad del país. Cuando un médico alerta a una persona sobre los riesgos de la mala alimentación que dispara sus niveles lipídicos en la sangre, la está ayudando, aunque el paciente lo sienta como un reproche a su conducta.
Si los legisladores quieren ser creíbles, cuando analicen el proyecto de Ley de Presupuesto para el 2020 tienen que enmendar los errores cometidos en la ley anterior y corregir lo que hicieron para ayudar a su clientela con aumentos indebidos a costillas del contribuyente. Por eso están obligados a mandar a los niveles anteriores de salarios los aumentos que dieron a las 2.163 personas que recibieron el favor y que hasta ahora están vigentes. No se puede aceptar lo que hicieron. Los responsables de la irregularidad deben enmendarse y no continuar haciendo lo mismo en este nuevo proyecto de ley. La gran responsabilidad que se les ha dado no es un privilegio para actuar a su antojo, sino para trabajar con compromiso.
En el debate del Presupuesto, que está ahora en el Parlamento, los diputados y senadores tienen que actuar con honestidad y patriotismo. Honestidad, que en este caso significa no despilfarrar los recursos que le cuesta conseguir al Estado, y patriotismo, en el sentido de poner por encima de todo los intereses del país y de su gente. Al revés de lo que han venido haciendo cuando ponían primero sus pasiones políticas para repartir favores a sus partidarios a costa de menos dinero para los hospitales, escuelas y otras necesidades sociales muy sentidas.
Las necesidades financieras del Estado paraguayo son cada vez más grandes cada año porque debe pagar más a sus acreedores bancarios, tiene nuevos compromisos monetarios para realizar mayores inversiones. Y, sobre todo, tiene el gran compromiso de mantener el país con equilibrio fiscal y macroeconómico para no caer en el fracaso.
Los legisladores tienen que adquirir conciencia de que la Ley de Presupuesto no es solo una cuestión de poner más o menos gastos. Es el instrumento más importante de la política económica que puede significar el camino a la bancarrota o el impulso para el desarrollo. Por lo que están obligados a actuar con sensatez y responsabilidad.