En estos últimos días, la ciudadanía ha sido testigo de cómo ciertas prácticas deleznables de la oscura etapa estronista volvían a hacerse presentes en el ejercicio de la función pública. El “pyraguereato” o la delación practicada desde y hacia los órganos gubernamentales, esquema tristemente recordado y que era aplicado en la dictadura, fue restaurado esta semana con un aparente e “inofensivo” caso ocurrido en el Ministerio de Salud Pública, situación que acabó –por ahora– en una tímida punición, como es el apercibimiento.El caso de Mariela McLeod ya es de público conocimiento. Fue amonestada porque expresó libremente lo que pensaba sobre un hecho puntual: la gestión de Mario Abdo Benítez. La mujer que ingresó a la función pública por concurso durante el gobierno de Fernando Lugo se despachó con la muy extendida frase que ha logrado propagarse a nivel popular: “Desastre ko Marito”. Lo hizo en su cuenta personal de Twitter, fuera de su horario laboral.

Casi de inmediato, el ejército de abyectos se hizo presente y al estilo de la vieja práctica, el acto de disidencia fue delatado ante los superiores. Casi de manera automática, maquillando la misma de legalidad, a la funcionaria le aplicaron un apercibimiento y, en caso de reincidencia, se aplicarán sanciones más severas. Aquí se puede discutir si existió o no alguna falta de respeto a los superiores, que es lo que se alegó en el documento emanado de la cartera ministerial. Lo que no está en dudas es la manera en que la delación volvió a instalarse con la denuncia de aquellos que osan salirse de la línea oficialista.

Así como constituye un hecho grave que el pensar distinto pueda ser considerado una deslealtad, también constituye una sutil advertencia para otros funcionarios. Y esto sí es peligroso.

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Otra arista de este mismo problema es el que hace a las persecuciones que hay contra cientos de funcionarios del Estado que no acompañan la gestión del actual mandatario. Funcionarios como McLeod, que no son precisamente disidentes, pero que al no acompañar la gestión actual se colocan “en la vereda de en frente”, se ven amenazados con la medida impuesta a la funcionaria de Salud Pública. No solo se sienten amenazados, lo cual ya de por sí es peligroso, puesto que un apercibimiento es el inicio de un proceso de represalias que desemboca generalmente en despidos, sino que también apelan a la práctica de la autocensura al ver que ya no pueden emitir libremente opiniones en razón de que –casi con seguridad– algún ojo censor estará rastrillando la red para informar a sus superiores, lo que a la larga termina repercutiendo en contra.

Esta dinámica de represalias contra el que piensa distinto, o el que directamente no acompaña la gestión, termina cayendo en el esquema de la disuasión; es decir, advierte o amenaza como una estrategia para obligar a hacer desistir al otro (al adversario, al disidente, etc.) de continuar con su crítica o de impulsar algo que va en contra de los intereses del Gobierno.

Esto es sumamente peligroso, puesto que se cae en las prácticas que, como se describe más arriba, eran utilizadas durante la nefasta y larga noche estronista con los resultados nocivos, conocidos por todos.

Si bien el estronismo como sistema de gestión viciado permaneció por mucho tiempo con efecto residual tanto en la política como en la administración de gobierno, lo cierto es que esa forma de gobierno policiaco había quedado en el olvido. Pero lamentablemente este caso específico que se dio en la cartera sanitaria –que no es ni remotamente un caso aislado– supone un alarmante retroceso hacia experiencias que tanto daño han causado a nivel de la conciencia colectiva del país y que creíamos habían sido erradicadas.

Es tiempo de que estas prácticas, siniestras, queden en el pasado.

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