La situación penitenciaria que reventó a raíz de la masacre de 10 reos en la cárcel de San Pedro del Ycuamand­yyú, el domingo último, ha sacudido al Gobierno que reaccionó dos días después anun­ciando que planea militarizar las cárceles, aumen­tar la seguridad y construir nuevas penitenciarías. Medidas que serían saludables, pero que no son suficientes.

Las primeras investigaciones han demostrado las graves falencias y desprolijidades en la falta de pre­vención de lo acontecido finalmente, que forman parte del serio problema de conducción que afecta al sistema penitenciario nacional. Esto sin señalar el alto índice de corrupción en los reclusorios de la que participan funcionarios de distintos rangos y que es la práctica habitual de las cárceles.

Después de acontecidos los hechos del domingo, algunos indicaron que podían haberse evitado si se actuaba adecuadamente. Por ejemplo, el anterior director del presidio sampedrano ya había solici­tado el traslado a otras cárceles de los reos de los grupos rivales existentes ahí para evitar la guerra que se avecinaba, pero sus superiores jerárquicos no actuaron y a raíz de ello se produjo lo que algu­nos ya preveían como inevitable.

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Varios presos peligrosos vivían en una supuesta “granja VIP” con la bendición judicial, pero sin los cuidados que exige una seguridad penitencia­ria adecuada, lo que demuestra también la falta de rigor en la conducción de las instituciones peni­tenciarias. Y apunta sin duda a probables actos de corrupción para beneficiar a presidiarios con alto poder económico que pueden sobornar a los fun­cionarios.

Todo indica que hasta el propio ministro del área sabía de la existencia de la granja, según los testimonios conocidos, pero tampoco había reac­cionado. Estos son solamente algunos ejemplos de lo que acontecía en la cárcel del norte y son simila­res a las desprolijidades que pueden observarse en otros reclusorios y que forman parte de las intimi­dades del sistema penitenciario nacional.

En cuanto a los anuncios realizados por el Gobierno, hay que señalar que son hermosas pro­puestas para una salida mediática, pero cuya rea­lización llevará mucho tiempo e interminables trámites. Y por ello no son una respuesta valedera para las urgencias actuales, que requieren reaccio­nes inmediatas ante los peligros de más motines en las diferentes cárceles del país superpobladas y con inquilinos con gran poder de destrucción criminal. Penitenciarías que están manejadas por personal insuficiente en número y con escasa preparación profesional, con una conducción nacional con seve­ras falencias, que no cambiarán solo porque hay nuevas autoridades, por tratarse de un problema estructural.

La crítica situación obliga a que el Gobierno asuma sus responsabilidades sin vueltas y tome medidas rápidas para enfrentar las urgencias actuales de las penitenciarías. No se puede esperar que se aprue­ben las leyes para hacer que las Fuerzas Militares ayuden a la seguridad de las penitenciarías ni que se hagan primero las penitenciarías cuya construc­ción están en la etapa de licitación para ordenar la población carcelaria del país.

La realidad del momento es una emergencia en la seguridad nacional, por lo que se puede invocar ese hecho para que los militares resguarden los sitios cercanos a las cárceles más peligrosas como auxilio externo a las fuerzas penitenciarias y protección a la ciudadanía cercana. Y para ello solo podría hacer falta un decreto de emergencia del presidente de la República hasta que en su momento se pueda llevar adelante una ley especial.

En cuanto a los lugares de reclusión, se sabe que hay una sobrepoblación escandalosa en las peni­tenciarías. Una de las causas es la excesiva cantidad de gente con prisión preventiva por delitos menores que podrían estar en sus casas. Por otro lado, a los reclusos más peligrosos, a los que forman parte de grupos rivales y del crimen organizado se los debe reacomodar rápidamente evitando que estén jun­tos y así impedir los enfrentamientos como el del domingo pasado.

La crisis penitenciaria que se ha agudizado últi­mamente debe ser afrontada con medidas urgen­tes que traigan remedios inmediatos, aquí y ahora, para no exponer al país a mayores casos de vio­lencia criminal que son evitables. Eso tiene que entenderlo el Gobierno y actuar con la urgencia que implica la situación. Sin dejar de concretar los proyectos a mediano y largo plazo cuya necesidad nadie discute.

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