Finalmente, el Gobierno dio a conocer las modificaciones que hará al pro­yecto de ley de reforma tributaria y se mantiene en su principal propó­sito, el de elevar las tasas del Impuesto Selec­tivo al Consumo (ISC) y crear algunos impues­tos nuevos. Luego de largas conversaciones con los gremios del sector privado que cuestionaron las alzas impositivas, el Ejecutivo hizo algu­nos recortes en el porcentaje de suba de los tri­butos y eliminó algunos, pero en el fondo salió airoso con su propósito inicial, el de cargar más impuestos a los productos y negocios que ya están pagando tributos.

La estrategia de elevar las tasas impositivas a toda costa sin tener en cuenta sus efectos nega­tivos en el consumo ha salido airosa en la ronda de negociaciones con los sectores empresaria­les que se oponían a las subas alivianándolas con porcentajes menores a los contemplados inicial­mente. El Gobierno ha optado por el recurso de entregar regalitos, es decir, hacer menos altos los impuestos que tiene pensado subir.

De ese modo, el alza de las tasas impositivas que era del 59% para el tabaco dejó en 20,45%. La suba para las cervezas no se modificó, pues queda en el 22% (del 9% al 11%), en tanto que el vino, que iba a tener un incremento del 63,6% del tributo, se reduce en 18,18%, igual que el whisky y demás bebidas alcohólicas. El impuesto a las gaseosas subirá 20%, lo mismo que las bebi­das con alto contenido de azúcar. Las máqui­nas lavavajillas, lavarropas y teléfonos celula­res deberán pagar un 20% más. Se mantiene la creación del impuesto del 10% para las aerona­ves y las embarcaciones, en tanto que se ha eli­minado el tributo del 10% que se quería imponer a la compra de motocicletas y de autos nuevos y usados.

Los voceros del Gobierno señalaron que la alta sensibilidad de las autoridades nacionales permitió rebajar las subas impositivas que se tenían proyectadas inicialmente y que habría un amplio consenso con el sector privado sobre los números finalmente concertados. Pero se olvi­daron de decir que los incrementos en las tasas serán una nueva carga que deberán recibir los ciudadanos que pagan sus impuestos al comprar productos legales.

En otras palabras, los contribuyentes y negocios que trabajan en la legalidad y que ya están tribu­tando serán castigados con la suba del Impuesto Selectivo al Consumo y deberán implorar al cielo que el deprimido consumo no empeore y que los clientes no compren los artículos ingresados de contrabando que tendrán en adelante una ven­taja adicional, si se aprueban los aumentos pro­puestos por el Gobierno. Esto si en el Congreso los legisladores dan vía libre al pedido del Ejecu­tivo y si en la batalla que se aguarda en el Poder Legislativo no se agregan otros incrementos que ya tenían preparados en el Senado en el último trimestre del año pasado.

Los exponentes del Gobierno no han hablado de disminuir los excesivos gastos del Estado, que son escandalosos por sus montos y su inutili­dad para el país. En cambio, sí se ha conocido el propósito de que el Ejecutivo quiere resucitar los consejos de diferentes instituciones públi­cas para colocar a su clientela partidaria y que, según cálculos privados, significaría una eroga­ción de cerca de 4 millones de dólares anuales.

Por consiguiente, se puede afirmar sin faltar a la verdad ni ser injustos que el Gobierno no tiene interés en reducir los gastos superfluos del Estado como así han dicho sus personeros a la hora de convencer al sector privado de realizar los incrementos impositivos.

Por todo ello no son creíbles los argumentos del Gobierno a la hora de fundamentar las subas tributarias que quiere imponer. Así como no son aceptables los aumentos de tasas debido al grave perjuicio que ocasionarán en los precios de los productos de consumo en detrimento de la economía de los ciudadanos comunes. Y por el golpe que representará para el sector formal del país que paga sus impuestos y tiene que sopor­tar encima el castigo de los contrabandistas y la informalidad.

Las autoridades nacionales debieran apostar por la legalidad y no castigar a los que cumplen con la ley cargándoles más el peso de los tributos.