Muchos sospechaban que esta era –de hecho– la actividad a la que se iba a dedicar Nicanor Duarte Frutos, cuyos conocimientos de política energética tienen la dimensión de un átomo. La actividad proselitista del direc­tor de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) no acaba con sus ceremonias constantes de entrega de “aportes” en algún lugar del área de influencia para producir, a continuación, un furibundo discurso político condenando a los enemigos del Gobierno. Ello es apenas la punta del ovillo.

Si aquello ya es peligroso porque supone uti­lizar el pedestal de una obra pública con dinero binacional aplicado a la cacareada “obra social” de la represa, hay algo que es aun mucho más peligroso y que, de acuerdo a las evidencias, podría configurar un desvergon­zado uso del dinero de la EBY para fines sec­tarios: la cooptación de figuras políticas para sumarse a las filas del movimiento oficialista. De hecho, todo demostraría que su designa­ción ha sido una apuesta basada en un afán de acumulación proselitista para el oficialismo, rompiendo, lamentablemente, una tradición de cierta coherencia de distintos gobiernos al poner a expertos en temas energéticos o por lo menos administradores a cargo de tales gigan­tescas empresas.

En las últimas horas se habla con insistencia sobre el “traspaso” de figuras a las filas del ofi­cialismo, todas ellas, casualmente, situadas en el área de influencia de la Entidad Binacional Yacyretá. Ni en el plano futbolístico hay tanto comentario sobre transferencias como en las regiones del sur por donde antes pasó el estri­dente Duarte Frutos con su discurso cargado de política partidaria y con recursos genera­dos por la actividad energética de la binacional compartida con la República Argentina.

La consigna parece ser muy sencilla de enten­der: o Duarte Frutos tiene la “misión ener­gética” de debilitar a los adversarios políti­cos del Gobierno con el barril sin fondo de la binacional o directamente se encuentra embarcado en un plan para utilizar tal ven­taja para pelear la presidencia de la Junta de Gobierno. Cualquiera de los dos objeti­vos serán negados sistemáticamente como es lógico suponer.

Pero Duarte Frutos o el sector que representa no está solo en la competencia electoralista. No debe extrañar, por ello, que los demás can­didatos que observan el sillón de la Junta de Gobierno con interés de competir empiecen a inquietarse porque aparte de lo irregular que sería el que se compruebe el uso de recursos de la binacional para repartir “ ayudomi” entre correligionarios, estaríamos ante un privi­legiado entre otros aspirantes que tendrán que agenciarse recursos para la misma bata­lla electoral mientras otro se sienta sobre una tradicional y generosa mina de oro.

Aun cuando la intención del Gobierno hubiera sido, originalmente, instalar a un político de perfil proselitista al frente de la EBY para debilitar a sus adversarios políticos, a la larga –se puede presagiar con certeza– se convertirá en un boomerang por distintas razones. La primera de ellas es la ya tradicional inocuidad de tales operaciones en términos de resulta­dos electorales. En zonas de grandes deman­das sociales como el área de influencia de la EBY, la solicitud de trabajo, de contrato de obras, de donaciones, es inagotable. Beneficiar a uno genera el descontento de una docena y ningún recurso es suficiente para abastecer a todos, aparte de la condición irregular de esta acción.

Pero lo principal tiene relación con el sen­tido ético de la obra pública binacional, ya que situaciones como estas obligan a replantear cada vez con más fortaleza la necesidad de que los recursos “sociales” de las binacionales sean manejadas desde el presupuesto nacio­nal, bajo el control del Ministerio de Hacienda y la supervisión de la Contraloría General de la República.

Finalmente, todo lo que necesitamos de las represas es que ofrezcan suficiente energía para que no se corte la luz, las fábricas fun­cionen y las escuelas tengan claridad para el aprendizaje. Entregar pollitos, motosierras o incubadoras no es misión de una represa hidroeléctrica, menos bancar candidaturas y mucho menos “comprar” dirigentes.