El gobierno de Mario Abdo Benítez anunció esta semana la ruptura de las relaciones diplomáticas con la Repú­blica Bolivariana de Venezuela, como consecuencia de las graves e insalva­bles irregularidades ocurridas durante el proceso electoral que desembocó en la espuria elección de Nicolás Maduro como presidente del país caribeño, a mediados del año pasado.

Esta adecuada como firme decisión tomada por la diplomacia paraguaya, la primera de las naciones de la región que se vuelca por esta enérgica medida, es coherente con la posición que viene asumiendo desde mediados del 2012: una postura absolutamente crítica con los atropellos a las libertades básicas del pueblo venezolano.

El valor de una democracia se observa cuando una sociedad determinada avanza con fundamentos tan esencia­les como la obediencia a la justicia, el respeto a la propiedad privada, la tole­rancia, el pluralismo y la participa­ción ciudadana. Aspectos que, lamen­tablemente, están ausentes desde hace varios años en suelo venezolano y que se ha agravado desde el 2013 a raíz de la grave crisis social y económica que generó el desabastecimiento de comer­cios y supermercados, así como los déficits en la atención primaria de la salud.

Pero a pesar del notable deterioro polí­tico, social y económico, la situación más grave se dio con maniobras seudo­judiciales que terminaron en la frag­mentación de la oposición y, en contra­partida, fortaleciendo al oficialismo en las elecciones generales de mayo del 2018 que fueron apuntados como frau­dulentos y no reconocidos por la opo­sición, la Iglesia local y la comunidad internacional, incluyendo a naciones como Estados Unidos y bloques como la Unión Europea, el Mercosur o, últi­mamente, el Grupo de Lima.

Es por esta ausencia absoluta de Estado de derecho, de la violación sis­temática de los derechos humanos, de las libertades fundamentales –como el derecho de reunión o de comuni­cación– que ya el gobierno de Hora­cio Cartes había advertido a la comu­nidad internacional sobre los excesos del régimen encabezado por Nicolás Maduro, quien dispuso de todos los medios a su alcance para menguar a la oposición venezolana, que no supo o no pudo hallar la fórmula para capitalizar el descontento de millones de personas con el régimen.

La Cancillería paraguaya encabezada ya en tiempos de Eladio Loizaga había tomado una decidida actitud en órga­nos como el Mercado Común del Sur, ante la Organización de Estados Ame­ricanos (OEA) y muy especialmente en este foro político de enorme peso en los últimos años en el hemisferio, el Grupo de Lima. Desde este foro, Para­guay había ratificado su total apego a los valores democráticos que rigen en el hemisferio y exigido duras sancio­nes contra el gobierno de Maduro, al tiempo de denunciar los graves abusos e ilegalidades que padecían millones de personas en Venezuela.

La ruptura de los vínculos de carácter oficial entre paraguayos y venezola­nos es un claro mensaje del Gobierno al régimen de Nicolás Maduro: no se puede gobernar por encima de la ley y a espaldas del pueblo. A la larga ter­mina allanando el camino para lo que desgraciadamente se ha convertido hoy aquel país rico en recursos naturales y humanos en una dictadura.

La drástica posición asumida por Asunción es la salida necesaria y la res­puesta contundente a un proceso que en su desarrollo fue anómalo y que se advirtió de sus graves consecuencias. Hoy, la dictadura de Maduro, que es la prolongación de aquella emprendida por Hugo Chávez años atrás, se encuen­tra aislada y con serios visos de ilegi­timidad. Pero este “confinamiento”, que nos duele a todos los ciudadanos de bien del hemisferio, tiene el objetivo de restablecer aquellos valores que son universales y que lastimosamente hoy brillan por su ausencia en Venezuela.