Una grave denuncia que salpica a una institución clave como la Poli­cía Nacional es la que se divulgó ayer viernes a través de la inves­tigación de GEN y La Nación. La misma da cuenta de que policías en actividad del depar­tamento del Guairá trabajan como seguridad privada, en horas de servicio, para empre­sas o establecimientos privados. Inmediata­mente luego de conocerse la denuncia de los medios del Grupo Nación, el Gobierno ordenó la remoción del jefe policial del citado depar­tamento.

Más allá de esta acción correctiva de parte del ministro del Interior, Juan Ernesto Villama­yor, lamentablemente esta práctica continúa y reaparece de manera cíclica de tanto en tanto. Por más intento de ordenamiento quehaya en filas de los uniformados, lo cierto es que esta práctica desnaturaliza las funciones que deben cumplir los agentes del orden público.

La Policía Nacional es una institución que adquiere enorme trascendencia para el orden interno y para el funcionamiento de las insti­tuciones y a la ciudadanía a las que protege.

Tiene rango constitucional, según lo estipula el artículo 175 de la Carta Magna de 1992, y está constituida de carácter permanente y con la expresa misión de proteger la vida, pre­servar el orden público, la paz, losderechos, la seguridad e integridad de las personas. No hay que soslayar que su cometido es garanti­zar el desarrollo individual y social así como la armonía entre todos los paraguayos.

Sin embargo, el ejemplo publicado en nues­tras páginas muestra que esta práctica, la de ofrecer servicio de guardia a cambio de dinero, sigue siendo frecuente y que desgra­ciadamente parece no tener fin. La prensa en general ha revelado que en los últimos años los agentes han sido utilizados en las más diversas ocupaciones que van desde cuidar niños, choferes de esposas de jerarcas, orde­nanzas de diversas actividades así como ges­tores de cuanta actividad se presente.

No cabe duda de que esta utilización irregular de los efectivos policiales se debe, en parte, también a las decisiones tomadas por otros poderes, como el Legislativo y el Judicial. Muchos parlamentarios, así como ministros del Ejecutivo y jueces de la Corte Suprema de Justicia, tienen protección policial.

Un gran “proveedor” de guardias privadas han sido las decisiones tomadas en los tri­bunales. Por orden de jueces existe un gran número de uniformados cumpliendo estas labores de seguridad privada, disposiciones que un cuerpo no delibera. En algunos casos, incluso, los magistrados solicitan expresa­mente que elementos de grupos tácticos sean asignados a la custodia privada, desangrando aún más a los cuadros operativosy tácticos de la Policía Nacional.

Según datos de mediados del 2014, el Minis­terio del Interior revelaba que los policías que realizaban guardias privadas ascendían a poco más de 4.000 efectivos. Mientras que otros 5.100 conformaban los cuadrosopera­tivos o técnicos, es decir, afectados a la tarea de mantener el orden y la ley en todo el terri­torio nacional.

Entendemos que hay autoridades que por expresas disposiciones internas deben tener protección, perolamentablemente en los últimos años ha florecido un esquema quelucra con este servicio, en el que están involu­crados también jefes policiales.

Hay que acabar con esta práctica que ensom­brece la función del agente de policía, y devol­ver algo de dignidad a este oficio que es clave y a la vez delicado para la seguridad ciudadana.

Una buena señal ha sido que, luego de la publicación realizada por GEN/La Nación, las autoridades del Gobierno hayan actuado de manera expeditiva y con firmeza. Este rápido desenlace supone que el Ministerio del Interior no apañará los hechos de corrup­ción que puedan producirse en el seno de la fuerza policial.