La Cámara de Diputados aprobó el miércoles el proyecto de ley del Pre­supuesto General de la Nación para el 2019. A pesar de que en general se respetaron las grandes líneas establecidas por el Ejecutivo, inexplicablemente los legisladores autorizaron incrementos de salario que con­denan a que en el 2019 los gastos estatales ten­gan un déficit de 1,9%, tirando así por el suelo lo dispuesto en la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) de no aumentar el agujero presupuesta­rio por encima del 1,5% del PIB.

Como en el proyecto que aprobaron no se prevé de dónde saldrá el dinero para cubrir la suba dispuesta, al final los diputados dijeron irres­ponsablemente que el Ministerio de Hacienda debe encargarse de conseguir los fondos, sin acordar ninguna fuente de financiamiento. Así de simple.

De modo que el presente griego que entrega Diputados a la Cámara de Senadores, que debe estudiar acontinuación el proyecto de ley, es un plan de gastos que vulnera una de las más pre­ciadas conquistas del país en los últimos años, el equilibrio fiscal.

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El desbarajuste se produjo cuando se estudió el presupuesto del Ministerio de Educación y Cien­cias, cuyas cifras originales incluían un aumento salarial del 13% para el año entrante, tal como acordó el Ejecutivo con uno de los principales sindicatos del sector en setiembre pasado.

Algunos legisladores se dejaron presionar por la huelga y la movilización de docentes que se inició el miércoles 14, que pretendía llevar al 16% el aumento del 13%que se había esti­pulado, es decir, un 3% más. Y propusieron llevarlo al 16% en total sin importar si habrá dinero para cubrirlo. Esta es la principal nota disonante del estudio presupuestario reali­zado por los diputados, que de este modo gol­pea a muerte una de las principales conquistas macroeconómicas conseguidas por el país.

No es un pecado conceder un aumento salarial porque los trabajadores de la educación tienen su derecho, lo que se les ha reconocido debi­damente en la administración anterior. Pero lo grave es que se quiera dar el incremento por encima de las posibilidades financieras del país, sin contemplar dedónde saldrán los fon­dos.

En el aumento del 13% que el Ejecutivo pre­vió en el proyecto de presupuesto remitido al Congreso seestableció esa tasa de incremento teniendo en cuenta que con las previsiones de ingresos se podía cubrir ese porcentaje, no más.Justamente para no aumentar el déficit fiscal por encima de lo establecido en la ley respectiva.

Es grave lo aprobado por la Cámara de Diputa­dos porque los mismos legisladores que tienen que darejemplo del cumplimiento de las nor­mas del Estado son los que hacen tabla rasa de las disposiciones como las de la Ley de Respon­sabilidad Fiscal y perjudican al país alzando el déficit irresponsablemente.

El aumento decidido por la Cámara Baja per­judicará a otros programas del Estado que son muy sensibles, como los gastos sociales y las inversiones en salud, educación, vivienda. Esto porque si no hay dinero para abonar los aumentos salariales, el Estado tendrá que recortar inversiones y gastos de programas sociales para cumplir con los sueldos.

El proyecto de presupuesto irá ahora a la Cámara de Senadores, que deberá estudiarlo para darle la aprobación final. Hay todavía un mes, hasta el 20 de diciembre, para termi­nar de analizar el presupuesto. Lo que puede esperar la ciudadanía es que el Senado corrija el error cometido por Diputados y no autorice aumentos que no puedan financiarse, para cui­dar el equilibrio fiscal y no permitir que el país se desplome en el caos financiero y fiscal, como ocurre con otros países que actualmente la están pasando muy mal.

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