Decididamente, el impuestazo no conviene al país porque en lugar de ayudar a la economía y a la mayor recaudación terminará por impactar negativamente en la producción agrícola e industrial poniendo en peligro las fuentes de trabajo que genera. Además, como ya se ha dicho, tampoco podrá generar mayores recursos al fisco al deprimir la producción de los artículos que se pretende gravar con más tributos.
El Poder Ejecutivo ha solicitado a la Cámara de Senadores, que tiene en agenda para la sesión del jueves 15 tratar los proyectos de ley de impuesto a la exportación de soja y el aumento de tasas para el tabaco, alcohol y bebidas azucaradas, que se posponga para el año que viene el tratamiento.
Eso explicó el presidente del Senado, quien recordó que el propio ministro de Hacienda le pidió que la Cámara Alta postergue el tratamiento de los mencionados proyectos de ley y que se convoque a una mesa de diálogo en la que participen los sectores afectados. La idea es conocer el parecer de los industriales, productores y exportadores. Además, se pretende también iniciar un proceso para realizar una reforma integral del sistema tributario.
El legislador explicó que el parecer de Hacienda es que si se pretende encarar reformas impositivas de manera parcial se podría hacer un gran daño al régimen tributario, que es sencillo con una carga tributaria baja, la que se considera una fortaleza estratégica para nuestro país.
El razonamiento del titular del fisco es válido porque una de las joyas más preciadas de Paraguay es su sistema impositivo sencillo y con la carga tributaria más baja de la región.
Pero al margen de si se posterga o no el estudio de los proyectos para aumentar los impuestos mencionados, lo importante es señalar con toda energía que el impuestazo, ahora o más tarde, es inaceptable, por los graves perjuicios que ocasionará al sector productivo y a los trabajadores de nuestro país.
En ese sentido, debe quedar bien claro que ni en el 2018 ni en el 2019 el Senado debe dar vía libre a las alzas tributarias que pretenden ciertos sectores. Porque sus efectos, sea este año o más adelante, serán igualmente perniciosos y el daño que causen será muy duro para el país independientemente de la fecha en que se las aprueben.
Si se llega a hacer la reforma impositiva de la que se habla en Hacienda, no debe ser para aumentar los impuestos, sino para articular un sistema más justo y moderno que cumpla el papel de recaudar más sin castigar a los sectores productivos.
La ex ministra de Hacienda del gobierno anterior, Lea Giménez, señaló en un artículo periodístico reciente que el Consejo Técnico Económico Tributario analizó el tema. Y que entre sus principales conclusiones consideró que hay que concluir el proceso de armonización que comenzó en el 2013 unificando el Iracis con el Iragro ajustando las reglas de juego sin importar la actividad. Que se deben adoptar estándares internacionales para conocer la trazabilidad de las utilidades para permitir menos evasiones.
Otro punto importantísimo que citó la ex funcionaria es que cuando se haga la reforma impositiva se limiten las deducciones de costos y gastos de las empresas, con reglas simples y claras que permitan menos espacios para evadir. Esto porque actualmente, con el sistema vigente, el Estado paraguayo estaría dando a grandes empresas fuertes sumas de dinero que el fisco necesita.
La necesidad de una reforma tributaria parece estar fuera de discusión porque la Ley 125/91 y su adecuación, la Ley 2.421 del 2004, deben actualizarse para responder más acabadamente a los requerimientos de los tiempos actuales. Pero más allá de la modernización de las leyes no se debe permitir que aumente la carga tributaria para la producción.
Categóricamente, no al impuestazo.