En la Cámara de Senadores se encuentra el proyecto de ley que crea el Consejo Asesor del Sis­tema Nacional de Jubilaciones, que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados. Como ocurre con muchas cosas nuevas que se quieren aplicar en nuestro país, son varios los sectores que se oponen sin saber bien de qué se trata ni qué utilidades traerá, por falta de suficiente información o por simple afán de oponerse por mero nega­tivismo.

Sin embargo, el organismo cuya creación se está estudiando en la Cámara Alta es una sen­tida necesidad en nuestro país, no solo para monitorear las distintas cajas de jubilacio­nes, sino también para supervisar el sistema de jubilaciones y pensiones y determinar las inversiones que se harán con esos fondos. Hasta ahora no existe ninguna disposición legal completa ni ente alguno que se encargue de esos asuntos, por lo que en el pasado se han tenido lamentables experiencias con el mal uso, incluso con pérdidas de esos fondos de los trabajadores aportantes.

El propósito más importante de este pro­yecto de ley que se analiza en el Congreso es cuidar los aportes de los trabajadores y jubi­lados, estableciendo reglas que apunten a una mayor transparencia, reducción de ries­gos y velar por el buen uso de los aportes por parte de las cajas de jubilación. Y en ese sen­tido viene a llenar un gran vacío existente en materia legal y en la protección efectiva de la plata que aportan los trabajadores acti­vos y la que contribuyeron los jubilados. Por esta razón, desde el punto de vista lógico, no hay ningún motivo valedero para oponerse a su aprobación y a la creación del consejo, la superintendencia y el comité de inversiones que propone la norma en estudio.

Para entender mejor las bondades del pro­yecto de ley, hay que insistir en que creará tres instancias para asegurar la protección de los aportes: El Consejo Asesor del Sis­tema Nacional de Jubilaciones y Pensiones, la Superintendencia de Jubilaciones y Pen­siones y normas para la inversión de los fon­dos de jubilaciones y pensiones a través de un comité.

Los organismos que crea la ley no ten­drán ninguna influencia sobre la autono­mía de gestión de las diferentes cajas, que continuarán actuando de acuerdo a sus cartas orgánicas. En tanto que los conse­jos de administración de esas cajas segui­rán teniendo la potestad de gestión de sus recursos con la autonomía que tienen ahora, aunque con normas regulatorias para cui­dar los fondos.

La ley no solo protegerá el dinero de jubi­laciones contra cualquier tipo de abuso, sino que también ayudará a que puedan ser invertidos adecuadamente para tener renta­bilidad y así no perder valor adquisitivo. Hoy en día, el 76% del dinero de la Caja Fiscal está en el Banco Central sin cobrar ningún tipo de intereses, en tanto que el 78% de los fondos de pensiones que maneja el IPS está en los bancos sin más utilidades que los inte­reses pudiendo ser invertidos en forma más rentable.

Según los entendidos, los fondos jubilatorios representan el ahorro más importante que se tiene en el país, pues llega a alrededor del 12% del producto interno bruto, y, por consi­guiente, hay que cuidarlo.

Por eso es que prácticamente todos los ex ministros de Hacienda de la era democrática han dado su apoyo y recomiendan la aproba­ción de la ley. En el comunicado que dieron a conocer dicen que "es imperativo evitar los errores cometidos en el pasado, donde los malos manejos financieros hicieron perder sus aportes jubilatorios a miles de paragua­yos y pusieron en riesgo la sostenibilidad de varias cajas de jubilaciones".

Por consiguiente, no hay razón alguna para oponerse a la aprobación de esta norma, que, por el contrario, debe ser apo­yada por los principales beneficiarios, los trabajadores, los jubilados y pensionados, que saldrán ganando largamente con su aplicación.