La iniciativa –traída de los pelos– de plantear el juicio político contra la fiscala gene­ral del Estado, Sandra Quiñó­nez, sería una respuesta burda del sector de la alianza opositora para salvar –por la vía del chantaje– a un contralor gene­ral de la República, cuyas evidencias de manejo poco claro en la administra­ción estatal no dejan dudas en la opinión pública.

Ayer a la tarde "se filtró" el texto de un mamotreto con intención de borrador de un juicio político contra la fiscala general que no soporta el más superficial análisis. Estaríamos ante un caso único en la his­toria por el cual se enjuiciaría a un alto funcionario estatal que no acaba de reu­nirse aún con todos los recursos huma­nos a su cargo para poner en marcha la delicada misión que le corresponde.

Ni siquiera la admisión. El solo trata­miento de este tema dejaría en evidencia que el Parlamento ha llegado a un punto de torpeza que ya justificaría de por sí el desprecio y la burla de los ciudadanos.

Hay que citar aquí un elemento aun más peligroso: dejaría un precedente difícil de superar en la historia de la República, ya que con esta práctica solo al día siguiente que asuma un alto cargo el mismo Con­greso que lo habilitó –lejos de brindarle respaldo al inicio de sus funciones– lo estaría socavando sucesivamente en su gestión.

El tercer elemento mucho más que iló­gico, vergonzoso y desprolijo es directa­mente terrorífico: si tan solo se somete a estudio este plan de un juicio político contra la fiscala general del Estado, doc­tora Sandra Quiñónez, estaríamos en presencia de una gigantesca maniobra de chantaje presentada en toda su desnudez, planteando desde la oposición una nueva ética en el manejo de los asuntos del Estado: el toma y daca como fórmula para resolver los conflictos, ya que el mensaje de los opositores parece ser muy fácil de leer: ustedes desisten de enjuiciar a un corrupto y nosotros desistimos de enjui­ciar a una persona sin culpa alguna en el ejercicio de sus funciones que apenas tiene cuatro días de comenzadas.

La iniciativa de este enjuiciamiento político no deja lugar a dudas que cual­quier atisbo de encuadre –ya no diga­mos ético– por lo menos lógico del ejer­cicio de las funciones del Congreso –y esencialmente de la parte que ostenta la iniciativa– ha empezado a perfilarse en el territorio de lo que en el burdo jopara se denomina declarar so'o el funciona­miento del sistema.

Sin embargo, lo que preside esta inicia­tiva no sería solamente la bestialidad, como evidencia, sino también una inten­ción de "embarrar" la cancha a 40 días de las elecciones generales.

Lo que quede de mesura en estos secto­res debe salir al paso de esta barraba­sada para evitar que todos tuviéramos que tener la ridícula misión de expli­carle a las futuras generaciones que hubo una vez en la historia en que ele­gimos una fiscala general del Estado un jueves y planteamos su destitución el siguiente martes, aun antes que la misma siquiera cargara la tinta en la lapicera de sus decisiones. Es franca­mente impresentable. Sería comparable a dejar la decisión de los grandes temas de la República en el talante y la serie­dad de un motochorro.

Es de esperar que la mayoría en el Poder Legislativo evite este precedente. Su des­propósito es inédito en la historia de la República y condenaría al Congreso, en sus últimos meses de gestión a la ver­güenza y la burla eterna.