La política social desplegada para el combate a la pobreza y la ayuda a los sectores más vulnerables de la sociedad, como las personas que por su edad requieren de apoyo monetario, ha llegado a niveles nunca antes alcanzados. Las estadísticas del Estado hablan de que hasta diciembre del 2016, al culminar el año fiscal, 1.185.272 personas eran beneficiarias de diversos programas sociales de asistencia, lo que representaría el 17,4% de la población total estimada del Paraguay. Cifra que se va incrementando mes a mes, gracias a la constante tarea de numerosos organismos públicos.

Los principales proyectos sociales encarados por el Gobierno son: Tekoporã, Tenonderã, Pensión Alimentaria para Adultos Mayores, Programa Abrazo, Fomento a la Producción de Alimentos, Tarifa Social de electricidad.

El Estado despliega esta tarea a través de 26 instituciones públicas que aplican 91 programas sociales, y hasta enero del 2017 una cantidad relevante de los 1.185.272 beneficiarios mencionados recibían por lo menos otro beneficio vinculado a otro programa social. Así, por ejemplo, de las 151.878 familias que participan del programa Tekoporā, 31.831 familias también reciben al menos un beneficio de programas del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). De los 153.957 adultos mayores que reciben la pensión alimentaria, 12.337 también son beneficiarios de algún programa de asistencia técnica del MAG.

Estos que parecen datos estáticos no lo son, pues la dinámica tarea de la ayuda social va aumentando constantemente. Cifras de fines de abril último revelan que a esa altura del año ascienden a 159.321 las personas que reciben ayuda del Estado en concepto de pensión y subsidio, 5.364 más a fines de diciembre pasado. Con estos números se llega al máximo histórico de hombres y mujeres de la tercera edad sin recursos económicos que son atendidos por el Gobierno con ayuda monetaria para mejorar sus días.

El propósito de la política social del Estado no es una mera beneficencia filantrópica, como un acto de caridad del que da limosna al necesitado. Antes bien constituye una contribución bien programada para los más vulnerables, que tiene como fin protegerles para subsistir y posibilitarles mecanismos de aprendizaje y trabajo para la promoción humana. Así, mediante ese apoyo continuado, pueden salir de la pobreza y alcanzar niveles de desarrollo y bienestar aceptables.

Tales son las fuerzas del programa Tekoporã con la transferencia monetaria condicionada, que obliga a las familias a mandar a sus hijos a la escuela, cursen sus estudios y que concurran a los centros de salud para tener todas las vacunas y atenciones del caso, para que se les pague el subsidio. Lo mismo ocurre con Tenonderã o con el programa de Fomento a la Producción de Alimentos, que tienen un fuerte componente de autoayuda y desarrollo para salir de la vulnerabilidad.

La experiencia de otros países, como Brasil, que con el programa conocido como "Hambre cero" expulsó de la pobreza a más de 30 millones de ciudadanos en menos de una década, es un aval suficiente de que las políticas sociales bien concebidas y dirigidas son un camino a seguir para el propósito que se persigue.

Las cifras existentes y su comparación con las inversiones sociales realizadas en el pasado hablan con elocuencia de que actualmente, por primera vez en la historia reciente, el Estado está asumiendo el papel que le corresponde y está obligado a realizar en la protección y promoción de los más pobres de nuestra sociedad. Amparar a los más vulnerables y ayudarlos a valerse por sí mismos para escapar de la miseria y construirse una vida digna es un imperativo que se ha encarado con responsabilidad.

Con ello se cumple lo establecido por el Art. 6 de la Constitución, que señala que "la calidad de vida será promovida por el Estado mediante planes y políticas que reconozcan factores condicionantes como la extrema pobreza y los impedimentos de la discapacidad o de la edad".