Mientras sigue reteniendo la entrega de informes referentes a pagos en publicidad, eventos, transferencias sociales, el director de Yacyretá ahora alega que hay que discutir los alcances del derecho a la información.

Por Rossana Escobar M.

rossana.escobar@gruponacion.com.py

El director de Yacyretá Nicanor Duarte Fru­tos se valió de otra magistral explicación para justificar su negativa a entre­gar la información requerida por este medio sobre gastos de publicidad y transferencias económicas, en la que tam­bién se pide los documentos respaldatorios.

Después de que el propio Ministerio de Justicia, órgano coordinador de la aplicación de la Ley de Acceso a la Infor­mación Pública, dictaminara que Yacyretá debe brindar la información solicitada por el periodista Jhojhanni Vega, Nicanor interpuso un nuevo argumento diciendo que la prensa no es la Contraloría para solicitar documentos.

Todos los discursos valen para evitar la provisión de los datos y respaldos documenta­les. “Hay que discutir qué es el derecho a la información y qué es el derecho a que una instancia que no tiene compe­tencia audite la gestión por­que cuando se está pidiendo factura, se está pidiendo tér­minos de contrato, se está pidiendo documentos, esta­mos en el campo de las audi­torías . Hay que preguntarse qué instancias tienen compe­tencia para auditoría y cuál es el derecho a la información y eso podemos hablar largo por­que si algo conozco un poco es de lo que es el periodismo, la función social del periodismo, la ética de las empresas de comunicación, la ética de la profesión, los grandes temas en discusión”, comenzó res­pondiendo Nicanor a las pre­guntas de los periodistas ayer en Palacio de Gobierno.

El periodista de nuestro medio había solicitado (ade­más de los pagos) las copias de los contratos de publicidad, etc. Según Nicanor esta soli­citud ya implica la intención de una auditoría, papel que no corresponde a la prensa.

“Vamos a responder a La Nación lo que corresponde, pero si ellos quieren hacer auditoría no es de su com­petencia… acá está todo en la página web, cuánto gasta­mos en salud, agua potable, vamos a apoyar siempre las manifestaciones artísticas, culturales, las becas sociales, proyectos productivos para el campesinado y vamos a responder todos los pedidos de información que corres­ponda y tengan que ver con el derecho a la información”, refirió Nicanor de contra­mano al parecer jurídico del Ministerio de Justicia.

Consultado por qué dice que la prensa quiere hacer audi­toría, respondió: “Inten­ción de auditoría es cuando se evalúan los papeles, los documentos que para eso nosotros tenemos nuestra instancia, tenemos una audi­toría interna y tenemos una auditoría externa. Los docu­mentos están en la Contra­loría. Ellos nos piden y pasa­mos los documentos pero el periodismo no puede cumplir el papel de auditoría y de Con­traloría… puede cumplir tam­bién, no hay problema, pero creemos nosotros que como entidad binacional tenemos que adecuarnos a las normas que nos regulan”. La negativa del director genera más curio­sidad aún de cómo se ejecutan los gastos mencionados.

Las copias de contratos, fac­turas y demás documentos respaldatorios de rendición de gastos son papeles que deben estar al alcance de la ciudadanía. La Ley de Acceso a la Información Pública, así como lo subrayó también en su dictamen el Ministerio de Justicia, garantiza que el ciu­dadano acceda a todos aque­llos datos, documentos que obren en poder de los admi­nistradores y funcionarios estatales. De hecho, en el por­tal de Contrataciones es ley la difusión de copias de con­tratos, adendas que forman parte de las compras públi­cas, sin que ello tenga que ser considerado una auditoría, tal como expresó Nicanor.

¿Por qué entonces Nicanor no quiere entregar las copias de los contratos y las facturas de rendiciones de gastos socia­les?, si son documentos que obran en sus manos y la Ley de Acceso a la Información Pública claramente expresa que estas informaciones son de carácter público.

“Todos los pedidos se deben hacer a través de la cancille­ría como nos obliga el tra­tado, incluso los diputados de la oposición piden infor­mes a través de la Cancillería, hay que cumplir ese circuito”, recordó también Nicanor. Sin embargo, ellos están adhe­ridos al Portal Unificado de Información del Estado, donde están las institucio­nes que deben gestionar y facilitar el acceso a los datos públicos. Al parecer es un “circuito” obligatorio solo en Yacyretá, ya que la Itaipú Binacional no deriva pedi­dos vía Cancillería. Nuestro medio solicitó las mismas informaciones a la Itaipú y con días de retraso propor­cionó los datos de forma directa al periodista.

Este año hay 23 ciudadanos que solicitaron informa­ción que no fueron respon­didas por Yacyretá. El direc­tor paraguayo se refirió al tema, “me contaron que de 33 pedidos contestamos 27 y no vamos a contestar pedi­dos que no corresponden y si no se adecua a las normas y procedimiento, no vamos a contestar, el Ministerio de Justicia sacó un dictamen aclarando que no es vincu­lante porque la EBY no es parte del Estado paraguayo”, enfatizó.

Entre los pedidos realiza­dos a través del Portal Unifi­cado y que no fueron respon­didos por Yacyretá, porque no corresponde según alegó Nicanor, figuran, por ejem­plo, el legajo de Alejandro Takahashi, secretario eje­cutivo del comité de la bina­cional, lista de contratados y nombrados desde el 14 de agosto del 2003 hasta enero del 2020, respaldos de gastos del fondo rotatorio de acción social correspondiente al período del director Nica­nor Duarte Frutos, etc.