El Ministerio Público solicitó al Tribunal de Apelación confirmar la resolución del juez Hum­berto Otazú donde se ratificó días atrás la imputación por los delitos de contrabando, producción de documentos no auténticos y asociación criminal contra el accio­nista de la firma Imedic SA, Justo Rubén Ferreira y su hija Patricia Ferreira. La contes­tación de la Fiscalía se genera debido a que las defensas de los dos imputados siguen chicaneando y han apelado la determinación de Otazú, quien confirmó la imputación contra padre e hija.

Los fiscales Osmar Legal, Francisco Cabrera, Jorge Luis Arce y Diego Arzamen­dia argumentaron para pedir el rechazó que “los imputados fueron informados en forma íntegra sobre los hechos per­seguidos y su significado enterándose los mismos de la hipótesis fiscal conforme a las constancias de acceso al cuaderno de investigación fis­cal”. Asimismo, mencionan “el Ministerio Público logró iden­tificar correctamente a cada uno de los imputados y además de estimar el tiempo necesi­tado para formular acusación, describió la relación fáctica de manera íntegra, precisa y con­cisa de los supuestos hechos atribuidos a cada uno de ellos”, indica parte del escrito fiscal.

En base a las argumentaciones expuestas, los agentes fiscales solicitan el Tribunal de Apela­ción el rechazo de la apelación planteada por la defensa de Ferreira y su hija y piden rati­ficar la imputación contra las dos personas. Ahora el expe­diente deberá subir a la Cámara de Apelación donde se deberá analizar la situación y en caso de que se confirme la resolución del juez Otazú el caso deberá bajar al citado magistrado quien tendrá que fijar la fecha para la audiencia de imposición de medidas cautelares.

Justo Ferreira y su hija siguen en libertad gracias a las innu­merables chicanas que ya pre­sentaron y debido a las mismas aún no se pudo llevar a cabo la audiencia de imposición de medidas cautelares donde se deberá definir si ambos son remitidos a la cárcel de Tacumbú y del Buen Pastor, respectivamente.

Asimismo, el magistrado Humberto Otazú decretó la prisión preventiva en la cárcel de Tacumbú del despachante aduanero Carlos Gamarra, imputado por contrabando, producción de documentos no auténticos y asociación cri­minal en el caso de la compra fallida de insumos médicos para el Ministerio de Salud. En el proceso también está imputado y con pedido de prisión Justo Ferreira, accio­nista de la firma Imedic SA. La resolución del citado magis­trado se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares.

Asimismo, Otazú, por pedido del fiscal Osmar Legal, decidió conceder medidas alternati­vas a la prisión al imputado Lauri Pohl, quien de acuerdo a lo debatido en la audiencia de imposición de medidas ha estado colaborando con la presente investigación, por lo que el agente decidió rectificar su pedido de prisión y solicitó al magistrado la aplicación de medidas alternativas, pedido al que se hizo lugar.